Tribunal Internacional ratifica sentencia de ecocidio y responsabiliza al Estado mexicano por daños del Tren Maya

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó su sentencia contra el Tren Maya, calificando el megaproyecto como un caso de ecocidio y etnocidio por los daños irreversibles causados a los ecosistemas del sureste mexicano y por la violación de los derechos colectivos del pueblo maya. El fallo responsabiliza directamente al gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, al permitir la construcción y operación del tren sin garantizar la protección ambiental ni el consentimiento libre e informado de las comunidades originarias.
Durante las inspecciones realizadas este año en los tramos 5, 6 y 7, el tribunal constató deforestación masiva, fragmentación territorial, pérdida de hábitats naturales y alteración de los flujos hidrológicos, además de graves afectaciones a especies protegidas como el jaguar. También se documentaron impactos sociales derivados del despojo de tierras, desplazamiento forzado y ruptura del tejido cultural comunitario, fenómenos que —según el tribunal— configuran una violación sistemática a los derechos de la naturaleza y a la autonomía de los pueblos mayas.
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La denuncia original fue presentada en marzo de 2023, cuando comunidades afectadas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche entregaron testimonios ante el fiscal de la tierra. Posteriormente, el tribunal escuchó a organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Consejo Indígena de José María Morelos y el colectivo Ka’anan Ts’onot–Guardianes de los Cenotes, así como a expertos en biodiversidad, ecosistemas acuáticos, sostenibilidad y derechos humanos. Dichas audiencias confirmaron la ausencia de un proceso de consulta libre y previo, requisito que México debía cumplir conforme a estándares internacionales.
El tribunal advirtió que la expansión del turismo masivo y el crecimiento del transporte de carga vinculado al Tren Maya podrían agravar los daños ambientales si el Estado no adopta medidas inmediatas. En su resolución, instó a reparar los ecosistemas afectados, frenar la tala y restaurar las zonas de selva degradadas, además de revisar los mecanismos de participación comunitaria para garantizar los derechos territoriales y culturales del pueblo maya.
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Entre los hallazgos más contundentes destacan la tala de millones de árboles en la selva de Yucatán, la contaminación de cenotes y acuíferos, y los daños estructurales a los sistemas de cuevas subterráneas producto de las perforaciones y rellenos empleados durante la construcción. El tribunal subrayó que estos impactos ponen en riesgo la calidad del agua, los corredores biológicos y el equilibrio ecológico de la península, además de violar principios elementales de sostenibilidad ambiental.
La resolución también cuestiona la militarización de la región, señalando que la presencia de las Fuerzas Armadas en la administración del proyecto ha consolidado una ocupación territorial con intereses corporativos, debilitando el estado de derecho y vulnerando derechos agrarios y de propiedad comunal. El tribunal recordó que el desarrollo económico no puede justificarse a costa del deterioro ambiental ni de la pérdida cultural, y que los gobiernos deben responder por los daños ocasionados a la naturaleza como sujeto de derechos.
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