Uber pide a sus choferes esperar por permisos federales aeroportuarios individuales

El supuesto triunfo legal de Uber para operar sin restricciones en aeropuertos mexicanos ha sido puesto en duda por autoridades federales y estatales, particularmente en Quintana Roo, donde se concentra la mayor actividad turística del país. Pese al anuncio de la empresa sobre una suspensión definitiva que impediría a la Guardia Nacional detener a sus conductores, tanto el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) como el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) desmintieron que la medida esté oficialmente validada.

Rafael Hernández Kotasek, titular del IMOVEQROO, precisó que no existe un comunicado oficial que confirme la autorización de Uber para operar dentro de las zonas federales aeroportuarias. El funcionario explicó que las autoridades locales y ASUR se mantienen a la espera de una resolución formal, pues los permisos para operar dentro de un aeropuerto no pueden ser emitidos por estados o municipios, sino por instancias federales.

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La controversia surge tras el fallo judicial que otorgó a Uber una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido contra las detenciones de sus conductores en aeropuertos. Sin embargo, el alcance de esa resolución ha sido interpretado de forma confusa: mientras la compañía sostiene que puede operar sin restricciones en los más de 70 aeropuertos del país, las autoridades advierten que la suspensión solo evita arrestos, pero no otorga permiso de acceso a instalaciones federales.

En términos legales, la diferencia es crucial. La regulación aeroportuaria mexicana establece que la infraestructura solo puede ser utilizada por servicios de transporte con autorización federal, una condición que Uber no cumple aún. Esto significa que, aunque sus conductores no puedan ser detenidos, tampoco pueden ingresar a zonas controladas como los andenes de ascenso y descenso de pasajeros dentro del aeropuerto.

La disputa tiene especial relevancia en Quintana Roo, donde los aeropuertos de Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal concentran millones de pasajeros al año. En estos puntos, el servicio de transporte representa un sector regulado y sensible, debido a los intereses de taxistas concesionados y empresas de transporte turístico formalmente autorizadas. La irrupción de Uber, sin autorización plena, podría detonar un nuevo conflicto con el gremio transportista local, históricamente opuesto a su operación.

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De acuerdo con fuentes judiciales, la suspensión definitiva fue concedida tras una batalla de más de diez años en los tribunales, donde Uber buscó ampararse contra las detenciones arbitrarias de sus socios conductores. Sin embargo, el proceso principal —que definiría si la plataforma puede operar legalmente dentro de los aeropuertos— aún no ha sido resuelto de manera definitiva.

Mientras tanto, tanto ASUR como el IMOVEQROO insisten en que Uber deberá esperar la resolución oficial y cumplir con los lineamientos federales si desea ofrecer servicios dentro de las terminales. Hasta entonces, el acceso de sus unidades a las zonas de operación sigue siendo considerado una violación a la normativa vigente.

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