190 videocámaras ilegales fueron retiradas de vías públicas en Tijuana y Tecate

Retiran 150 cámaras ilegales en Tijuana y 40 en Tecate. Ciudadanía es llamada a regularizar sus dispositivos de videovigilancia
0
214
Videocámaras ilegales en Tijuana88

En un operativo dirigido por la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, se han retirado un total de 190 videocámaras vigilancia instaladas de manera ilegal en la vía pública de los municipios de Tijuana y Tecate.

Entérate: 600 militares arriban a Tijuana, BC, para reforzar la seguridad en la zona

El secretario de Seguridad Pública, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que estas acciones forman parte de un esfuerzo por regularizar el uso de tecnología de vigilancia en espacios urbanos y garantizar la legalidad de su operación.

Del total de cámaras retiradas, 150 se encontraban en diversas calles de Tijuana, mientras que las 40 restantes fueron desmontadas en el municipio de Tecate.

La Secretaría de Seguridad Pública ha indicado que se seguirán realizando revisiones en otros municipios de Baja California, como Mexicali, donde en el corto plazo se llevará a cabo un operativo similar para detectar y retirar más dispositivos instalados sin los permisos correspondientes.

El protocolo de retiro de estas cámaras se lleva a cabo durante los recorridos operativos de los agentes de seguridad.

En caso de detectar dispositivos instalados en la vía pública, los agentes consultan con los vecinos para determinar la propiedad de las mismas.

Si nadie reclama su propiedad, se levanta el reporte correspondiente y posteriormente se procede a su retiro.

En caso de que un vecino se identifique como propietario de la cámara, se le solicita que presente el permiso expedido por el Ayuntamiento; de no contar con él, se le exhorta a regularizar su situación o a retirar el dispositivo por su cuenta.

El secretario Carrillo Rodríguez también hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a regularizar sus cámaras de seguridad instaladas sin permiso.

Subrayó que todas las cámaras retiradas son entregadas a la Fiscalía General del Estado para su investigación, a fin de determinar su procedencia y posible vinculación con actividades delictivas.

Este operativo refleja el compromiso de las autoridades por mantener un entorno seguro y regulado, evitando que estos dispositivos sean utilizados con fines desconocidos o que puedan representar un riesgo para la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

EU

Autor