Abuso, el delito sexual más frecuente en BCS con un aumento del 8.8%

Baja California Sur enfrenta una crisis de violencia sexual, con un incremento del 8.8% en denuncias durante el primer semestre de 2024
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Los delitos contra la libertad y seguridad sexual son una problemática en aumento en Baja California Sur, con un incremento del 8.8% hasta el segundo cuatrimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023. Entre los delitos sexuales de mayor incidencia se encuentran el abuso sexual y la violación.

Entre enero y agosto de 2023, las instalaciones del Ministerio Público en Baja California Sur recibieron 736 denuncias relacionadas con delitos sexuales. Esta cifra aumentó en 2024, registrando 801 carpetas de investigación, es decir, 65 casos adicionales.

El abuso sexual es el delito de mayor ocurrencia, con 310 denuncias en los dos cuatrimestres de este año, de las cuales el 43.5% se concentraron en el municipio de Los Cabos. La violación simple y equiparada sumaron 182 casos, seguidas por otros delitos no especificados.

Por otro lado, el acoso sexual, con 125 carpetas de investigación, y el hostigamiento sexual, con 13 casos, son las conductas delictivas con menor incidencia.

En cuanto a la incidencia por municipio, Los Cabos es la zona más afectada, con 355 denuncias por diversos delitos sexuales, seguida de La Paz, con 339 carpetas de investigación. Los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto registraron 53, 37 y 17 delitos sexuales, respectivamente, lo que deja a la zona norte con una problemática menor.

Estos datos fueron recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en las estadísticas proporcionadas por las fiscalías y procuradurías de la entidad.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

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