Aclara PGJE que mujer reportada como privada de la libertad fue internada en rehabilitación

IMG: Imagen creada con IA
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que el reporte sobre la presunta privación ilegal de la libertad de una mujer, ocurrido la noche del miércoles 11 de febrero en la colonia Solidaridad Mezquitito, en La Paz, no correspondió a un hecho delictivo.
La aclaración fue difundida luego de que, a través de redes sociales, circularan versiones que aseguraban que una mujer había sido privada de la libertad en esa zona, lo que generó preocupación entre habitantes del sector.
De acuerdo con la autoridad, la persona fue trasladada a un centro de rehabilitación con autorización de sus padres, quienes estuvieron presentes durante el procedimiento. El caso fue reportado inicialmente alrededor de las 19:55 horas en las inmediaciones de las calles Agronomía y Tecnológico, lo que activó la intervención de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI).
Tras entrevistas con testigos presenciales y las primeras diligencias, agentes de investigación determinaron que no existían elementos que indicaran la comisión de un delito, sino que se trató del ingreso de la mujer a un centro de rehabilitación con consentimiento familiar.
La PGJE señaló que continúa con entrevistas formales a los familiares directos para corroborar el bienestar de la persona y concluir el protocolo de búsqueda que se inició de manera preventiva tras el reporte.
Asimismo, la institución reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria en la comunidad sobre presuntas privaciones ilegales de la libertad.
A inicios de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur aclaró que la mayoría de los casos registrados como desapariciones en la entidad no corresponden a privaciones ilegales de la libertad. Según la dependencia, en diversos reportes se trata de personas no localizadas por distintos motivos, entre ellos internamientos en centros de rehabilitación autorizados por familiares.
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