Argentina activa extradición internacional contra Maduro y cúpula venezolana por crímenes de lesa humanidad

La justicia federal de Argentina dio un paso de alto impacto político y jurídico al solicitar formalmente la extradición internacional de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos, junto con Diosdado Cabello y otros 14 altos funcionarios del régimen venezolano, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática contra la población civil.

La decisión judicial coloca a Argentina en el centro del debate regional sobre la persecución penal de violaciones graves a los derechos humanos, al activar mecanismos de alcance global bajo el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos extremos sin importar el país donde fueron cometidos ni la nacionalidad de las víctimas o de los acusados.

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El expediente sostiene que desde al menos 2014 en Venezuela se desplegó una política de represión generalizada que incluyó detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y uso desproporcionado de la fuerza estatal, lo que configura un patrón sostenido de violencia institucional contra civiles, especialmente durante protestas y procesos electorales cuestionados.

El juez federal Sebastián Ramos ordenó la captura internacional de los señalados y notificó a Interpol con fines de extradición, alineándose con resoluciones previas del tribunal superior argentino que avalan la competencia del país para investigar crímenes de lesa humanidad aun cuando hayan ocurrido fuera de su territorio.

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El caso se originó a partir de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, que documentó de manera exhaustiva la presunta responsabilidad directa de la cúpula del poder venezolano en la ejecución y encubrimiento de violaciones graves a los derechos fundamentales.

La solicitud de extradición adquiere una dimensión inédita debido a que Nicolás Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos desde hace un mes, junto con su esposa Cilia Flores, enfrentando cargos federales relacionados con narcotráfico, lo que abre un escenario de cooperación judicial entre Washington y Buenos Aires.

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El exhorto internacional enviado a Estados Unidos busca que Maduro sea puesto a disposición de la justicia argentina para rendir declaración indagatoria, lo que marcaría un precedente histórico en América Latina sobre la rendición de cuentas de jefes de Estado por crímenes considerados imprescriptibles.

Más allá de su impacto legal, la resolución argentina tensiona el tablero diplomático regional y envía un mensaje directo a los regímenes autoritarios: el ejercicio del poder no otorga inmunidad frente a delitos que la comunidad internacional considera intolerables, incluso años después de haber sido cometidos.

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