Cobro de piso en México: piden fiscalía especializada para frenar la extorsión que asfixia a comerciantes

Debido al incremento crítico de cobro de piso en el Estado de México, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandan la creación inmediata de una Fiscalía Especializada para perseguir este delito de oficio.

Esta exigencia legislativa se produce en medio de un panorama alarmante para miles de comerciantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 67 % de extorsiones y cobros de piso son pagados por las víctimas, una cifra que refleja tanto el poder de las redes criminales como la debilidad institucional para proteger a empresarios y emprendedores.

Desde hace años, el cobro de piso ha sido parte de una espiral criminal que golpea especialmente a unidades económicas pequeñas e informales. Actualmente, legisladores como el diputado Mariano Camacho impulsan una reforma para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cuente con una unidad especializada en extorsión, capacitada para actuar sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia formal.

Además, la propuesta del PRI incluye la creación de unidades policiales municipales especializadas para brindar atención, protección y seguimiento a las víctimas, con personal evaluado y certificado en coordinación con la Universidad Mexiquense de Seguridad. Esta medida se plantea en un contexto en el que la cifra negra del delito de cobro de piso es enorme: según el mismo legislador, más del 99 % de las extorsiones no se denuncian.

Empresarios han denunciado que las extorsiones se han convertido en una “segunda renta” que amenaza la viabilidad de sus negocios.

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Si la iniciativa se aprueba, podría marcar un punto de inflexión: no solo consolidaría una estrategia institucional para la persecución del cobro de piso, sino que también enviaría un mensaje claro de que el Estado no tolerará que el crimen organizado imponga impuestos paralelos a la economía formal.

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Sin embargo, analistas políticos advierten que, quedan desafíos gigantes: la capacitación real de las nuevas unidades, la protección efectiva a las víctimas y romper la desconfianza histórica entre los comerciantes y las instituciones serán clave para que esta reforma no se quede en letra muerta.

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