Compra de predio en Sierra La Laguna desata polémica por presuntos vínculos políticos y falta de transparencia

La compra de un extenso predio dentro de la Sierra La Laguna, uno de los ecosistemas más importantes de Baja California Sur, ha reavivado el debate público sobre propiedad de tierras, conservación ambiental y presuntas relaciones políticas detrás de los proyectos que se impulsan en zonas ecológicas protegidas.

Según un video difundido por la asociación Hermandad en Armonía, grupo que no aparece registrado oficialmente en las bases del Registro Público de Comercio, se adquirió el predio “Nuestra Señora del Rosario” con el propósito declarado de crear un centro integral de conservación, reintroducción de fauna y vigilancia ambiental en la zona. Las propuestas incluyen desde vigilancia forestal hasta la construcción de infraestructura educativa y de apoyo, como laboratorios y albergues fuera del polígono del Área Natural Protegida (ANP).

Sin embargo, la iniciativa enfrenta rechazo de sectores de la comunidad local, quienes señalan que se han usado entrevistas y testimonios de rancheros sin su consentimiento para promover el proyecto, y exigen mayor transparencia sobre la naturaleza del mismo y la legitimidad de la organización detrás de la compra.

LEE MÁS:

Defensa de Genaro García Luna apela sentencia en EU y denuncia irregularidades en el juicio …

El predio en cuestión, con una extensión aproximada de 9 651 hectáreas que abarcan desde bosques de pino y encino hasta áreas estratégicas para la recarga hídrica, ya había sido objeto de controversia por la compleja historia de tenencia de la tierra en la Sierra, donde coexisten terrenos privados, ejidales y estatales dentro del ANP.

La incertidumbre se ha intensificado debido a la presencia en los materiales de difusión de figuras políticas como Jorge Emilio González Martínez, exdirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como legisladores federales y locales que habrían participado en un encuentro para presentar el proyecto. Hasta el momento no hay confirmación oficial ni documentación pública que respalde el carácter institucional del encuentro ni la participación formal de autoridades o dependencias gubernamentales.

Adicionalmente, expertos y habitantes cuestionan la figura jurídica de “Hermandad en Armonía”, cuya existencia no se ha verificado en registros oficiales, y exigen que se clarifique si la asociación está legalmente constituida y bajo qué mecanismos se garantizará el respeto a las normas ambientales que rigen el área protegida.

Organizaciones ambientalistas y comunidades locales han pedido a las autoridades competentes información pública y verificable sobre la compra, los permisos ambientales solicitados o en trámite y los mecanismos de supervisión que se implementarán para evitar impactos negativos en uno de los principales ecosistemas del estado.

Mientras tanto, el debate continúa entre quienes respaldan la idea de un proyecto de conservación y quienes denuncian la falta de transparencia y posibles intereses políticos detrás de la operación, exigiendo definiciones oficiales que aporten certeza jurídica y ambiental antes de avanzar con planes que podrían transformar la dinámica del lugar. 

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO