Congreso de BCS aprueba Ley para Prevenir y Sancionar la Extorsión

En sesión extraordinaria, las y los diputados de la XVII Legislatura aprobaron la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para el Estado de Baja California Sur, armonizando el marco estatal con la Ley General en materia de Extorsión emitida por el Congreso de la Unión.

La iniciativa fue presentada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, y tiene como objetivo fortalecer la prevención, investigación y sanción del delito de extorsión, bajo principios de actuación inmediata, eficiente, profesional, imparcial y sin discriminación.

La nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Extorsión en BCS establece que quien obligue a otra persona, sin derecho, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio o causar daño patrimonial, moral, físico o psicológico, será sancionado con penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 UMA. Además, las sanciones podrán incrementarse de 4 a 8 años adicionales, conforme a los supuestos previstos en la ley.

La legislación define el tipo penal básico de extorsión, así como agravantes, delitos vinculados y reglas para la investigación, persecución y ejecución penal. También contempla acciones y políticas transversales que las autoridades deberán implementar para la prevención efectiva de la extorsión.

Con la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Extorsión en BCS, se establece que este delito deberá investigarse y perseguirse de oficio, además de crear mecanismos integrales para su atención y sanción. El nuevo marco fortalece competencias, procedimientos y la coordinación interinstitucional, en beneficio de familias, comercios y sectores productivos.

LEE MÁS: Congreso de BCS aprueba Plan Estratégico para Sequías

Durante la discusión en lo particular, se aprobaron reservas presentadas por el diputado Eduardo Van Wormer a diversos artículos y transitorios. Estas modificaciones armonizan la ley estatal con el marco jurídico nacional, precisan competencias entre órdenes de gobierno y garantizan el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se actualizan disposiciones transitorias para otorgar certeza jurídica y se fija un plazo para la puesta en marcha del Centro de Atención a Denuncias, que será clave para la atención a víctimas y el seguimiento oportuno de las investigaciones.

• Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO