Cuba acusa “terrorismo de Estado” y exige reacción global tras explosiones en Venezuela

La presión diplomática sobre Estados Unidos se intensificó luego de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunciara lo que calificó como un “criminal ataque” contra Venezuela, tras las explosiones registradas en ese país, y exigiera una reacción urgente de la comunidad internacional ante un escenario que consideró una amenaza directa para la estabilidad regional.

El pronunciamiento del mandatario cubano se dio a través de redes sociales, donde afirmó que América Latina estaba siendo “brutalmente asaltada” y describió los hechos como una expresión de “terrorismo de Estado”, un lenguaje que refleja el endurecimiento del discurso político de La Habana frente a la escalada de tensión en el Caribe.

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Díaz-Canel apeló al concepto de “Zona de Paz”, impulsado por gobiernos afines en la región, para advertir que los acontecimientos en Venezuela no solo afectan a un país, sino que representan, a su juicio, una agresión contra el equilibrio político y la soberanía de toda América Latina.

En la misma línea, el canciller venezolano Yvan Gil reforzó la narrativa oficial de Caracas al denunciar lo que definió como una “agresión militar” por parte del gobierno estadounidense, señalando que los hechos constituyen una violación directa a la soberanía nacional y a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

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El jefe de la diplomacia venezolana sostuvo que el trasfondo del ataque estaría vinculado con los recursos estratégicos del país, en particular el petróleo y los minerales, al acusar a Washington de intentar quebrar la independencia política de Venezuela mediante el uso de la fuerza.

Las declaraciones de Cuba y Venezuela se producen en un contexto marcado por advertencias previas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha reiterado que su gobierno se prepara para intensificar acciones contra presuntas redes de narcotráfico que operan desde territorio venezolano.

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Trump ha anticipado en diversas ocasiones que su administración contempla nuevas medidas, incluidas operaciones terrestres, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado, lo que ha sido interpretado por gobiernos aliados de Caracas como una amenaza directa a la soberanía venezolana.

El cruce de acusaciones y posicionamientos consolida un clima de polarización regional, en el que la vía diplomática y los llamados a organismos internacionales se perfilan como el próximo escenario de confrontación política, mientras persiste la incertidumbre sobre el alcance real de los hechos ocurridos en Venezuela.

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