Detienen en Monterrey a director de periódico Vanguardia de Coahuila

El Periódico Vanguardia, con cinco décadas de labor informativa en Coahuila, informa que este viernes se registra la detención de su director general, Armando N, en el aeropuerto de Monterrey, en un hecho que el medio califica como ilegal y arbitrario, y que vuelve a colocar al periódico en el centro del debate público.

De acuerdo con la postura institucional del medio, la aprehensión ocurre en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, mediante un operativo que no es notificado previamente y que se ejecuta justo al arribo del directivo a la terminal aérea.

El periódico sostiene que la detención se justifica bajo el argumento de un supuesto desacato a una orden de notificación del Ministerio Público, dentro de un proceso de carácter inmobiliario que, subraya, no corresponde a un asunto penal.

Desde la redacción de Vanguardia se señala que el operativo levanta sospechas, ya que la acción se ejecuta en Monterrey y no en Saltillo, ciudad de residencia habitual del directivo, lo que, a decir del medio, evidencia una vigilancia constante sobre Armando N.

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Según la información difundida por Grupo Vanguardia, el origen del conflicto se encuentra en una controversia mercantil relacionada con un predio ubicado en Saltillo, propiedad de la familia Castilla Galindo, el cual se encuentra dado en garantía dentro de un proceso civil, pero no embargado ni sujeto a litigio activo.

En ese contexto, se detalla que se firma un contrato de arrendamiento para la instalación de un espectacular sobre una fracción del terreno, equivalente a 45 metros cuadrados, un acto que el medio describe como plenamente documentado y realizado conforme a la ley.

El periódico afirma que, a partir de ese acuerdo, se construye de manera artificial un caso penal por un presunto fraude, con el objetivo de dañar la imagen pública de Armando N y de su familia, sin que hasta el momento se transparente la identidad de la contraparte involucrada.

Asimismo, se indica que los abogados de Grupo Vanguardia no han tenido acceso a la carpeta de investigación, lo que impide conocer con claridad las razones por las que un conflicto mercantil deriva en una persecución penal.

Finalmente, la publicación sostiene que el director y Grupo Vanguardia se convierten en un objetivo directo de las más altas esferas del poder político y que, frente a lo que consideran un ataque judicial coordinado, la única vía para el periódico es la exposición de los hechos y la defensa pública de la verdad.

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