Hilda Araceli Brown, diputada morenista, sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Mayos
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo en su lista de sanciones por presuntos vínculos con la facción criminal “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado oficial de la OFAC, Brown habría facilitado operaciones del cártel durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California.
Entre las acusaciones destacan la designación de aliados del grupo en puestos estratégicos del gobierno local y la supuesta tolerancia a actividades de extorsión y control institucional en favor de los líderes del grupo criminal, conocidos como los hermanos Arzate.
Las sanciones estadounidenses implican el congelamiento inmediato de cuentas bancarias en Estados Unidos, la posible confiscación de propiedades que posea en territorio estadounidense y la revocación de su visa. Estas medidas buscan cortar el acceso delictivo a recursos financieros y limitar la movilidad internacional de los involucrados.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció el bloqueo de varias cuentas vinculadas a la legisladora, reforzando la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al lavado de dinero.
En respuesta, Brown rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un ataque político destinado a desacreditar su trayectoria. La diputada afirmó que colaborará con las autoridades para aclarar su situación y negó cualquier vínculo con actividades delictivas.
Analistas consultados destacan que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense contra el Cártel de Sinaloa, incluyendo otras facciones como Los Rugrats, por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción política.
La inclusión de un legislador mexicano en la lista negra de la OFAC marca un precedente relevante en la lucha internacional contra el crimen organizado, evidenciando que funcionarios públicos pueden ser objeto de sanciones financieras y legales por su presunta relación con grupos delictivos.
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Email: carolina.solis@cps.media