El Gobierno de EE.UU. cierra tras fracasar el acuerdo sobre proyecto de financiación en el Capitolio

El Gobierno de Estados Unidos entró en un cierre oficial después de que el Congreso fracasara en aprobar un acuerdo de financiación en el Capitolio, marcando el primer colapso de este tipo desde 2019. La parálisis legislativa refleja un enfrentamiento entre republicanos y demócratas que, tras semanas de negociaciones fallidas, no lograron alcanzar un consenso para mantener operando la administración federal. La consecuencia inmediata: cientos de miles de empleados públicos suspendidos sin salario y un país en incertidumbre sobre cuánto tiempo durará esta crisis.

El núcleo de la disputa es el futuro de los subsidios ampliados del Obamacare, un programa que ha permitido que millones de estadounidenses accedan a seguros de salud más asequibles desde 2021. Los republicanos exigen una extensión temporal de siete semanas en los presupuestos actuales, mientras que los demócratas se niegan a otorgar sus votos si no se negocia de inmediato el destino de esos subsidios. El estancamiento llevó a que los senadores abandonaran el Capitolio el martes por la noche sin un acuerdo, a la espera de nuevas votaciones que se repetirán cada día hasta que alguno de los dos bandos ceda.

La tensión se agrava porque, según proyecciones, si los subsidios vencen a fin de año, las primas de seguros médicos podrían dispararse en un 75% en promedio para 2026, golpeando con mayor fuerza a la clase trabajadora. Por ello, líderes demócratas como Chuck Schumer aseguran que será el Partido Republicano quien cargue con la culpa ante los ciudadanos por haber empujado al país a un abismo sanitario y presupuestario. No obstante, grietas internas comienzan a notarse en el bloque opositor, con algunos senadores demócratas respaldando la propuesta republicana, lo que revela el desgaste de la estrategia de resistencia total.

Desde la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump —quien mantiene gran influencia en la bancada republicana— ha alentado el cierre como una oportunidad para reducir de manera permanente el tamaño del aparato gubernamental. Sus amenazas han encendido alarmas entre los demócratas, que temen daños irreversibles en programas sociales si la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca actúa de manera unilateral. El senador Sheldon Whitehouse lo resumió de forma cruda: “Tenemos a un loco al mando”.

Mientras los cálculos políticos dominan en Washington, el costo humano es inminente. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que alrededor de 750.000 empleados federales quedarán suspendidos, lo que equivale a una pérdida diaria de unos 400 millones de dólares en salarios y servicios. Aunque actividades esenciales como el control aéreo, la seguridad aeroportuaria y los pagos de Medicare, Medicaid y Seguro Social continuarán, otros servicios públicos verán interrupciones que afectarán a millones de ciudadanos.

Entre los impactos más visibles están los retrasos en aeropuertos, la posible suspensión del acceso a más de 400 parques nacionales y el cierre temporal de programas de apoyo a veteranos, como la Línea Directa de la Ley GI o los servicios de transición a la vida civil. Museos como los del Smithsonian y el Zoológico Nacional permanecerán abiertos solo de manera provisional gracias a fondos previos, pero podrían cerrar si la crisis se prolonga más allá del 6 de octubre.

El panorama es incierto. Los republicanos confían en que el desgaste político doblegará a los demócratas, mientras que estos últimos apuestan a que la presión pública recaiga sobre sus rivales al agravarse los efectos cotidianos del cierre. Por ahora, el Capitolio se prepara para una serie de votaciones repetitivas, en un escenario donde nadie puede garantizar cuál será la salida ni cuánto resistirá la ciudadanía antes de exigir un acuerdo real que devuelva al Gobierno a la normalidad.

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