Enfrentamiento armado por tala clandestina deja siete heridos en el Estado de México

Un operativo contra la tala clandestina en el Estado de México terminó en un violento enfrentamiento entre policías y presuntos taladores, con un saldo de al menos siete personas heridas. El hecho expone el nivel de riesgo que enfrentan las autoridades al intentar frenar uno de los delitos ambientales más persistentes y lucrativos de la región centro del país.

El choque ocurrió cuando elementos de seguridad realizaban acciones para impedir la extracción ilegal de madera en una zona boscosa del municipio de Tejocotes, en el Estado de México. Durante la intervención, los agentes fueron agredidos por un grupo de personas armadas, lo que derivó en un intercambio de disparos que obligó a pedir refuerzos.

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Las personas lesionadas fueron atendidas por servicios de emergencia y trasladadas a hospitales cercanos. Aunque no se reportaron fallecidos, el incidente encendió las alertas por el uso de armas de fuego en actividades relacionadas con la tala ilegal, una práctica que ha escalado en violencia en distintas zonas del estado.

La tala clandestina representa un problema ambiental grave, pero también un foco de inseguridad. Detrás de esta actividad suelen operar redes organizadas que controlan rutas, amenazan a comunidades y enfrentan a las autoridades para proteger un negocio que genera ganancias millonarias a costa de la devastación forestal.

Autoridades estatales han reconocido que los operativos contra este delito implican riesgos elevados, ya que los grupos dedicados a la extracción ilegal de madera suelen actuar de forma violenta. Aun así, sostienen que estos operativos son necesarios para frenar la pérdida acelerada de bosques y proteger recursos naturales estratégicos.

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Este enfrentamiento se suma a una serie de episodios similares registrados en los últimos años en el Estado de México, donde la tala clandestina no solo ha dañado el medio ambiente, sino que también ha cobrado vidas y generado conflictos armados en zonas rurales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad en los operativos ambientales, así como de atacar las cadenas de comercialización de madera ilegal, para evitar que estos delitos sigan escalando en violencia y afectando tanto a comunidades como a autoridades. 

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