La Fiscalía pone bajo la lupa a la escolta de Carlos Manzo por disparar contra su agresor ya neutralizado

La fiscalía del estado de Michoacán ha abierto una investigación contra la escolta que custodiaba al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, luego de que se registrara un disparo que abatió al agresor cuando ya se encontraba neutralizado.
El hecho reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los equipos de seguridad privados y gubernamentales en contexto de violencia política en México.
De acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el agresor había sido reducido en un forcejeo posterior al ataque contra Manzo, pero un único disparo por parte de la escolta acabó con su vida. Esa acción desencadenó que la fiscalía evalúe si la escolta cometió un uso excesivo de fuerza o si existió una vulneración de protocolos de actuación.
El equipo de escoltas de Carlos Manzo estaba conformado por ocho personas seleccionadas directamente por el alcalde y operaba de forma complementaria con 14 elementos de la Guardia Nacional, que fungían como segundo círculo de seguridad.
En el contexto de violencia que vive Michoacán, donde la muerte de Carlos Manzo fue atribuida a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la investigación sobre la escolta no solo se limita a protocolos de seguridad, sino que también toca aspectos de rendición de cuentas del Estado ante víctimas de violencia política.
En los próximos días, la fiscalía determinará si la escolta actuó dentro de la legalidad o si será procedente judicializar la conducta de sus integrantes, mientras la discusión pública se centra en cómo garantizar la protección de autoridades que enfrentan amenazas y, al mismo tiempo, respetar los derechos humanos en procedimientos de seguridad. La actuación de la escolta en este episodio pondrá a prueba la institucionalidad y la transparencia en un estado golpeado por la violencia.
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