Estados Unidos no podrá aplicar pena de muerte a ninguno de los 26 extraditados

Un total de 26 fugitivos presuntamente ligados al narcotráfico fueron extraditados el martes a Estados Unidos, pero bajo una condición inamovible: no podrán ser condenados a la pena de muerte. Esta restricción forma parte del Tratado de Extradición firmado en 1978 entre ambos países y reforzado en 1997, que impide la entrega de personas si no se garantiza su vida.

Según el artículo 8 del tratado, cuando el delito por el que se solicita la extradición contempla la pena de muerte en el país requirente, pero no en el requerido, la entrega solo procede si se asegura formalmente que no se impondrá ni ejecutará la pena capital. En este caso, México debió obtener dichas garantías de Estados Unidos antes de concretar el traslado de los extraditados.

El acuerdo, firmado en la Ciudad de México y vigente desde hace más de cuatro décadas, obliga a las partes a entregarse mutuamente a personas acusadas o condenadas por delitos graves, siempre dentro del marco legal y humanitario que rige a cada nación.

Fuentes oficiales destacaron que la entrega de los 26 fugitivos no solo es un golpe al crimen organizado, sino también un ejemplo de cooperación que respeta los principios legales de México. La lista de delitos que justifican la extradición incluye homicidio, secuestro, violación, fraude, tráfico de drogas y extorsión.

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El Protocolo de 1997, que complementa el tratado original, permite agilizar la entrega de individuos requeridos por la justicia e incluso autoriza extradiciones temporales para enfrentar procesos en el país solicitante antes de cumplir sentencias en el país que los entrega.

Autoridades mexicanas subrayaron que la cláusula que prohíbe la pena de muerte preserva la soberanía jurídica de México y refuerza su postura humanitaria.

La operación se ejecutó bajo estrictos protocolos de seguridad, evitando cualquier intento de fuga o intervención externa. 

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