Fiscalía Anticorrupción de BCS pide desafuero de exalcalde de La Paz por caso Punta Norte

Este jueves, el Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, solicitó al Congreso de la Unión el desafuero de Rubén “N”, diputado federal y exalcalde de La Paz. En el escrito, se pide que se inicie un procedimiento de procedencia para que se le retire la inmunidad procesal y pueda ser juzgado en el estado.

El funcionario está siendo investigado por la fiscalía a raíz de una denuncia presentada por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV). En ella, el equipo jurídico argumenta que Rubén “N” y los exregidores Juan Ramón “N” y Pilar Eduardo “N” habrían emitido de manera ilegal el dictamen de cambio de uso de suelo el 15 de enero del 2021 a favor del desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte. 

En la denuncia también están incluidos los exregidores Irma Yolanda “N”, David “N”, Beatriz Adriana “N”, Pedro Barroso “N”, Virginia del Pilar “N” y Yudith Esmeralda “N”, quienes firmaron la autorización del cambio de uso de suelo en la sesión de Cabildo en marzo del mismo año. Así lo detalló el abogado Arturo Rubio Ruiz, integrante del equipo jurídico del FRECIUDAV.

“Contra todo procedimiento autorizó el uso de suelo para un megadesarrollo que pone en peligro la cuenca hídrica de todos los habitantes del municipio […] Lo hicieron con plena conciencia porque nosotros desde el equipo jurídico del Frente, en la página del Frente y en las diversas redes sociales, les dijimos ‘No firmen esa acta de Cabildo. No firmen esa autorización porque están cometiendo un delito’; y los que sí firmaron a favor son los que están enfrentando la acusación”, mencionó.

Si bien la denuncia se presentó ante el Ayuntamiento de La Paz en el 2021, a finales de la administración de Rubén “N”, es hasta ahora que el funcionario podría ser procesado penalmente. Esto dependerá de la decisión que tomen los integrantes del Congreso de la Unión.

“Se llama inmunidad procesal por tener un cargo de elección popular federal. Necesitamos que el Congreso de la Unión le retire esa inmunidad procesal […] La pena más grave, desde el punto de vista político, es la inhabilitación. Prácticamente, sería el fin de su carrera política en caso de que fuese de que lográramos acreditar el juicio que es culpable”, declaró.

El abogado apuntó que, al ser parte de un hecho delictivo, ya no se puede autorizar Misión Punta Norte. Destacó que esto afecta el patrimonio de las personas a las que les vendieron un terreno con las promesas de un desarrollo, e invitó a quienes hayan comprado a que presenten una denuncia.

AT