Fiscalías exigen al Ejecutivo una reforma electoral para sancionar delitos electorales

Fiscales electorales estatales están presionando al Ejecutivo para que impulse una reforma legal que fortalezca la persecución penal de los delitos electorales. En una propuesta formal, demandan más facultades para sancionar prácticas como la compra de votos, la coacción a electores, el uso indebido de programas sociales con fines políticos, el transporte organizado de votantes, el proselitismo anticipado y el financiamiento ilícito de campañas.

Según su planteamiento, estas conductas deberían castigarse con hasta tres años de cárcel y 100 días de multa, con el objetivo de disuadir esos delitos y reducir la impunidad. Los fiscales advierten que, bajo el marco actual, muchas de estas infracciones quedan en “carpetazo” sin consecuencias efectivas.

Entre los puntos más controvertidos de su propuesta está tipificar como delito la distribución masiva de “acordeones” —material con instrucciones de voto— tanto en formato físico como digital, algo que actualmente no está sancionado de forma clara. Argumentan que su ausencia como figura penal crea un espacio de impunidad que puede sesgar la libertad y la equidad del sufragio.

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Además, los fiscales reclaman que la reforma incluya otros tipos de violencia política (como la ejercida en redes sociales), la manipulación de programas públicos para influir en votos y la coacción de electores vulnerables, por ejemplo, personas privadas de su libertad.

El planteamiento se ha entregado a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y al Poder Legislativo, implicando un reto directo para el Ejecutivo: modernizar la legislación electoral en un momento clave, con miras a los próximos procesos comiciales.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) ya ha advertido que aplicará sanciones —incluyendo prisión— por violaciones graves a la ley, y se ha preparado para recibir denuncias durante proximas contiendas electorales.

La propuesta de los fiscales refleja una demanda creciente por endurecer el sistema penal electoral y garantizar que los abusos en campañas no queden impunes, reforzando la credibilidad y transparencia del proceso democrático.

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