Gobierno de Trump exige datos de usuarios que critican operativos del ICE en redes sociales

La administración del presidente Donald Trump ha solicitado a grandes plataformas digitales información sobre usuarios que han criticado en internet los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como Immigration and Customs Enforcement (ICE). De acuerdo con reportes periodísticos en Estados Unidos, las empresas tecnológicas han recibido cientos de citaciones administrativas en los últimos meses por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La ofensiva coloca bajo la lupa a compañías como Google, Meta —propietaria de Facebook e Instagram—, Reddit y Discord, a quienes se les ha pedido identificar cuentas que no estén asociadas a nombres reales y que hayan publicado críticas contra el ICE o información sobre la ubicación de sus agentes. Las solicitudes incluyen datos sensibles como nombres, correos electrónicos, números telefónicos y otros registros vinculados a los perfiles.

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La medida ocurre en un contexto de endurecimiento del discurso oficial frente a la migración irregular y de creciente confrontación con activistas digitales. El segundo mandato de Trump ha reforzado el respaldo político a los operativos del ICE, cuestionados por sectores civiles debido a redadas migratorias que han generado protestas y debates legales.

La estrategia gubernamental también contempla la creación de mecanismos de seguimiento. El llamado “zar fronterizo”, Tom Homan, declaró recientemente en entrevista televisiva que impulsa la construcción de una base de datos de personas detenidas por presunta interferencia, obstrucción o agresión durante operativos migratorios, lo que amplía la preocupación sobre el alcance de la vigilancia oficial.

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Las plataformas tecnológicas han respondido de manera desigual ante las citaciones. Funcionarios citados en la prensa estadounidense señalaron que algunas compañías cumplieron parcialmente con los requerimientos, mientras que otras revisan caso por caso antes de entregar información. Varias notificaron a los usuarios involucrados y les otorgaron entre 10 y 14 días para impugnar la orden ante tribunales.

El antecedente de 2017 revela que estas disputas no son nuevas. En aquel año, Twitter —hoy X— demandó al gobierno federal para frenar una citación que exigía revelar la identidad de una cuenta crítica de la primera administración Trump; la solicitud fue retirada posteriormente. El episodio sentó un precedente sobre la tensión entre libertad de expresión y facultades de investigación del Ejecutivo.

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El debate jurídico gira en torno al equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles en el entorno digital. Las citaciones administrativas permiten al Gobierno solicitar información sin una orden judicial tradicional, aunque las empresas conservan la facultad de impugnarlas o limitar su alcance.

El alcance de esta política podría redefinir la relación entre el poder público y las plataformas tecnológicas, especialmente en un momento en que las redes sociales funcionan como espacio central de crítica política y organización ciudadana. La discusión apenas comienza y anticipa nuevos litigios sobre privacidad y libertad de expresión en Estados Unidos.

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