Hoteleros de Quintana Roo cierran filas contra el nuevo Visitax de Lezama
El rechazo empresarial volvió a encender las alarmas en Quintana Roo luego de que el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano expresara su oposición frontal al aumento propuesto del Visitax y a la obligación de convertir a hoteles y prestadores de servicios en retenedores del cobro. El planteamiento, impulsado por el gobierno estatal, fue recibido como una medida que distorsiona el modelo turístico del estado y amenaza su principal fuente de ingresos. Para los hoteleros, el problema no es solo fiscal: es estratégico, operativo y reputacional.
La molestia parte de un ángulo central que el sector ha repetido durante años: cualquier incremento en cargas para el visitante incide directamente en la competitividad frente a otros destinos internacionales. Mientras países y ciudades turísticas buscan atraer viajeros reduciendo impuestos, Quintana Roo —dicen— estaría avanzando en la dirección contraria, enviando un mensaje disonante que contradice los objetivos del llamado “Plan México”. En un mercado donde cada peso adicional pesa, el Visitax más alto se convierte en un desincentivo que erosiona la experiencia del viajero antes incluso de pisar la playa.
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La exigencia de que hoteles y prestadores de servicios actúen como retenedores fue recibida como un “viraje riesgoso” para la certidumbre jurídica. Empresarios aseguran que no solo se les impone una carga que no corresponde a su operación, sino que el esquema multiplica riesgos de cobros indebidos, inconsistencias y confusión para el turista. En la práctica, advierten, dispersar la recaudación entre miles de negocios abre la puerta a errores que terminan afectando la percepción del destino y, por ende, su atractivo global.
El impacto económico también fue subrayado con ejemplos concretos: en zonas como Chetumal o Bacalar, el Visitax para una pareja puede equivaler al costo de casi una noche de hospedaje. Para hoteles accesibles, negocios familiares y proyectos comunitarios, esto no solo encarece la visita, sino que altera el equilibrio entre precio, valor y experiencia que sostiene al modelo multidestino del estado. Según los hoteleros, la medida castiga a quienes sostienen el grueso de la oferta turística y se aleja de cualquier principio de proporcionalidad y equidad.
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Otro de los argumentos centrales señala que muchos hoteles ya cerraron tarifas negociadas internacionalmente con meses de anticipación, lo que hace inviable trasladar el nuevo impuesto sin incumplir contratos o absorber costos que distorsionan su rentabilidad. En un sector altamente calendarizado, introducir cargas inesperadas a mitad de ciclo comercial genera incertidumbre, altera planes de inversión y resta capacidad para mejorar servicios o infraestructura.
La preocupación creció cuando empresas turísticas comenzaron a circular cartas formales expresando su rechazo a asumir la recaudación. En ellas argumentan que la medida desviaría personal, tiempo y recursos de su razón de ser: atender al visitante. Convertidos en cobradores involuntarios, los negocios temen desgastar su operación y sumar fricciones donde debería haber fluidez. Para un destino cuya economía depende de la satisfacción del viajero, cualquier obstáculo adicional se siente como un retroceso.
En el fondo, los hoteleros advierten que la propuesta no garantiza mayor recaudación, sino que abre la puerta a afectaciones operativas inmediatas. La ecuación, dicen, es sencilla: más pasos, más confusión, más riesgos, menos atractivo. Por ello exigen replantear una iniciativa que, lejos de fortalecer al sector turístico, amenaza con desalinearlo de las tendencias internacionales, encarecer la visita y complicar el funcionamiento de la industria que sostiene a Quintana Roo.
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