Aún con el gobierno cerrado, las deportaciones del ICE no paran

Mientras gran parte del Gobierno estadounidense permanece paralizado por el cierre administrativo, las deportaciones no se detienen. En el corazón de Manhattan, el edificio 26 Federal Plaza —sede de una de las cortes de inmigración más activas del país— sigue funcionando a toda marcha. Sus pasillos angostos, grises y vigilados por decenas de agentes de ICE, se han ganado entre inmigrantes, abogados y activistas el apodo de “el pasillo del terror”, un espacio donde el miedo se siente tan denso como el silencio. Allí, mientras Washington DC discute presupuestos, las vidas de cientos de personas penden de una audiencia.

La política migratoria del presidente Donald Trump no ha conocido pausa. El Departamento de Seguridad Nacional declaró “esenciales” a todos los empleados vinculados con el sistema de inmigración: agentes de la Patrulla Fronteriza, personal de ICE, jueces, secretarios y funcionarios administrativos. Eso significa que, aunque miles de empleados federales fueron enviados a casa por el cierre del Gobierno, el aparato de deportación continúa intacto, sin demoras ni excepciones. En otras palabras, el sistema migratorio no duerme, incluso cuando el resto del país lo hace.

En 26 Federal Plaza, cada día comienza igual: agentes enmascarados, sin insignias visibles, apostados frente a las salas, observan a quienes se presentan ante el juez. Afuera, las familias esperan en silencio, aferradas a documentos y a la esperanza de salir con un permiso temporal. Pero al final del pasillo, los mismos agentes que observan son quienes ejecutan las detenciones. Muchos inmigrantes son arrestados justo después de su audiencia, incluso si acudieron voluntariamente a cumplir con la ley. El pasillo se convierte entonces en una frontera invisible entre la libertad y la deportación inmediata.

Los relatos se repiten. Madres que salen con sus hijos en brazos son interceptadas por agentes que revisan sus papeles; padres esposados frente a sus familias antes de poder despedirse. “Es un lugar donde el pánico, el miedo y el terror están instalados”, describe el sacerdote Fabián Arias, activista que acompaña a familias migrantes cada semana. “Nuestra comunidad ya no quiere venir. Muchos prefieren no presentarse, aunque eso empeore su situación legal.” El temor no es exagerado: organizaciones civiles han documentado múltiples detenciones violentas dentro del edificio en los últimos meses.

Los periodistas también enfrentan un entorno hostil. Algunos reporteros han sido confrontados o agredidos por agentes del ICE al intentar cubrir los arrestos, pese a que las audiencias son públicas. El propio Departamento de Seguridad Nacional ha justificado los incidentes acusando a los comunicadores de “acercarse agresivamente”, aunque videos difundidos contradicen esa versión. El resultado es un ambiente de opacidad donde la tensión se mezcla con el miedo y el poder se ejerce sin contrapesos visibles.

La corte migratoria de Manhattan es hoy un símbolo de la política de deportación acelerada que impulsa la actual administración. En ese edificio, donde no se detiene el flujo de casos ni el número de arrestos, se materializa una estrategia que prioriza la expulsión rápida sobre el debido proceso. Las audiencias siguen realizándose con normalidad, pero el desenlace para muchos es la detención inmediata, sin posibilidad de apelación ni despedida.

Así, el llamado “pasillo del terror” no es solo una metáfora. Es el reflejo físico de una política que convierte la comparecencia ante la justicia en una trampa. Aun con el Gobierno cerrado y miles de oficinas federales suspendidas, el engranaje migratorio sigue girando. Dentro de ese edificio, la burocracia no se detiene, el miedo tampoco, y cada paso que da un inmigrante hacia la sala del juez puede ser el último que dé en libertad en territorio estadounidense.

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