Arranca juicio en España contra excolaboradores de Pedro Sánchez por presunta corrupción

El poder judicial en España ha dado inicio a un juicio político y mediático que implica a excolaboradores cercanos al entorno del presidente Pedro Sánchez, bajo sospechas de graves delitos vinculados a la contratación pública. El proceso tiene lugar en la Audiencia Nacional, tribunal especializado en casos de corrupción y crimen organizado en el país.

Entre los implicados se encuentra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, considerado una de las figuras más cercanas a Sánchez durante su gestión, y dos de sus colaboradores más próximos. A Ábalos y a sus asociados se les imputan delitos que incluyen cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación, acusaciones que reflejan la complejidad y gravedad del caso.

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Este juicio responde a una investigación conocida como el “caso Koldo”, que comenzó a raíz de irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de Covid-19 y que se habría extendido a otras áreas de la administración estatal. Las indagatorias han sido desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, y han generado gran atención en la sociedad española por su posible vinculación con influencias políticas de alto nivel. 

Las medidas judiciales se intensificaron en semanas recientes con múltiples detenciones y registros, entre ellas la de Leire Díez, exmilitante y exdirectiva del sector público vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Las autoridades la señalan por presuntas maniobras para influir en investigaciones judiciales y desacreditar a responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad clave en la lucha contra la corrupción.

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La detención de Vicente Fernández, exjefe de la SEPI, amplió el alcance del caso al relacionarlo con adjudicaciones irregulares y posibles beneficios a empresas cercanas a antiguos dirigentes. La investigación sigue bajo secreto y abarca a entidades públicas y privadas.

La apertura del juicio también tensó el ambiente político. Mientras el PSOE asegura respetar el proceso, la oposición exige transparencia y responsabilidades al gobierno de Pedro Sánchez.

El caso se suma a otros escándalos que han golpeado a España en 2025 y será clave para evaluar la fortaleza institucional y el impacto político que pueda generar.

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