Liberación de imputados por incendio en Waldo’s Hermosillo desata choque frontal entre Fiscalía y Poder Judicial
La liberación de los presuntos responsables del incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas, abrió un nuevo frente de tensión institucional en Sonora, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado anunciara que impugnará la resolución judicial que permitió modificar las medidas cautelares y dejar en libertad a los imputados. El caso, por su gravedad y repercusión social, se perfila ya como uno de los episodios judiciales más polémicos del cierre de año.
La decisión judicial se produjo la noche del viernes pasado, cuando, en plena audiencia, se determinó liberar a los señalados tras considerar que no era posible continuar con la fase de vinculación a proceso. Esta resolución derivó en la modificación de las medidas cautelares solicitadas originalmente por el Ministerio Público, lo que permitió que los presuntos responsables abandonaran la prisión preventiva mientras el proceso legal entra en una nueva etapa.
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La Fiscalía estatal reaccionó de inmediato y cuestionó con severidad el actuar del juez del caso, al considerar que se permitió un debate innecesario que desvió el fondo de la imputación. Según la dependencia, los hechos fueron expuestos de manera clara y suficiente, y varios de los imputados ya habían comparecido previamente ante el Ministerio Público, por lo que conocían el contenido del expediente y no existía impedimento real para avanzar en la audiencia.
El argumento central del juzgador fue el volumen del expediente y la supuesta imposibilidad material de continuar en la misma sesión, pese a que, de acuerdo con la Fiscalía, aún existía tiempo procesal para hacerlo. Esta interpretación fue considerada por la autoridad investigadora como una decisión que privilegió criterios de forma por encima del análisis sustantivo de los hechos imputados en uno de los siniestros más mortales registrados en la capital sonorense.
La dependencia encabezada por Rómulo Salas Chávez también reprochó que se aceptaran objeciones relacionadas con aspectos técnicos del expediente, como la presunta ilegibilidad de copias o el hecho de que no estuvieran a color, elementos que calificó como secundarios frente a la magnitud del caso y al número de víctimas mortales que dejó el incendio.
Como consecuencia directa de la resolución judicial, la defensa de los imputados obtuvo una ampliación del plazo para preparar su estrategia legal por un periodo de 18 días. La Fiscalía sostuvo que esta extensión excede lo permitido por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen un máximo de 144 horas para resolver la situación jurídica de los detenidos, lo que, a su juicio, configura una medida anticonstitucional.
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En paralelo, las investigaciones continúan avanzando y las autoridades han informado que existen al menos 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Entre los nombres que figuran se encuentran funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, como el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Alejo Acuña Padilla; el exdirector de Protección Civil municipal, Jesús Fernando Morales Flores; y dos ex titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez y Juan Manuel González Alvarado.
Dentro de la línea principal de investigación, uno de los señalados como presunto responsable directo es José Luis Alcalá Bernal, quien se desempeñaba como gerente del establecimiento al momento del siniestro. Para la Fiscalía, el proceso judicial aún está lejos de concluir y la impugnación anunciada busca revertir una resolución que, sostienen, vulnera el marco legal y el derecho de las víctimas a la justicia.
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Email: carolina.solis@cps.media