Llaman “misógino” al gobernador Víctor Castro y denuncian omisión del Congreso en reinstalar el Parlamento de las Mujeres

Ex diputadas y colectivos feministas exigen respeto al decreto que obliga a convocar cada año
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Denuncia pública en la capital del estado

Un amplio grupo de activistas, ex diputadas y representantes de colectivos feministas ofreció este lunes una rueda de prensa para denunciar la omisión del Congreso de Baja California Sur en la reinstalación del Parlamento de las Mujeres, espacio que por decreto debe celebrarse cada año.

Las participantes acusaron directamente al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío de actuar con misoginia al no garantizar este mecanismo de participación ciudadana femenina.

Encabezaron la protesta

Las voces de la protesta fueron lideradas por mujeres como Irma Patricia Ramírez Gutiérrez, ex legisladora e impulsora del Parlamento.

Recordaron que los Decretos 2560 y 2830 obligan al Estado a convocar cada año a este espacio de debate público.

Violación a derechos políticos

Durante su intervención, enfatizaron que al no cumplir con la convocatoria —pese a que los recursos presupuestales están etiquetados— existe una violación al principio de igualdad, a los derechos políticos de las mujeres y una flagrante omisión legislativa que limita su participación real en asuntos públicos.

“Decimos con claridad que el primer misógino del Estado es el gobernador, porque no ha dado la cara ni garantizado el Parlamento de las Mujeres”, afirmaron.

Exigencias de las representantes

Las participantes exigieron:

  • La instalación inmediata del Parlamento de las Mujeres conforme al decreto vigente.
  • La publicación de un calendario anual y convocatoria con reglas claras.
  • La garantía de presupuesto sin recortes.
  • Mecanismos de supervisión y cumplimiento que aseguren que cada año se respete el derecho de las mujeres a participar.

Posibles acciones legales

Advirtieron que, de persistir la omisión, emprenderán acciones legales ante la Contraloría estatal y acudirán a instancias de derechos humanos, con el fin de que se investigue la responsabilidad de quienes han incumplido con lo establecido en la ley.

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