Maestros de telesecundaria paralizan clases en BCS por horas compensadas nunca actualizadas

Aproximadamente 300 profesores de telesecundaria en Baja California Sur comenzaron un paro de labores, exigiendo que el Estado cumpla con lo pactado legalmente desde hace más de una década: el pago justo de sus horas compensadas, reconocidas por una minuta de 2011 firmada por gobierno estatal, la SEP y el SNTE.

Según Elmuth Castillo Sandoval, secretario general de la Sección 3 del SNTE, el conflicto se remonta a los años noventa, cuando los maestros pasaron de una jornada de 30 horas a un esquema por módulos, lo cual implicó trabajar horas adicionales “compensadas” sin remuneración apropiada. 

En 2002 empezó una práctica irregular de trabajo extra, y en 2011 se formalizó el reconocimiento de 12 horas compensadas mediante la mencionada minuta. Disparidad frente a otros niveles educativos.

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El dirigente sindical acusa que otros niveles ya han recibido homologaciones salariales, pero los trabajadores de telesecundaria quedaron excluidos del ajuste. El pago de sus horas compensadas sigue siendo un bono fijo, sin que se ajuste al valor real de hora trabajada ni con una actualización acorde al costo de vida u otras condiciones laborales similares en otros niveles.

Los maestros mantendrán el paro hasta que las autoridades estatales den una respuesta efectiva. La Sección 3 reclama que la exigencia no sea solo para este año, sino que haya compromiso firme para incluir las horas compensadas con su valor real en los presupuestos de 2026 y 2027. 

El paro interrumpe clases, lo cual afecta directamente a los estudiantes de telesecundaria, posiblemente acumulando rezago educativo. Además, la tensión entre docentes y autoridades puede escalar si no se cumplen compromisos.

El paro de maestros de telesecundaria en BCS pone al descubierto una deuda histórica: no sólo económica, sino de reconocimiento institucional. Una minuta firmada hace más de una década, que prometía equidad en el trato a estos docentes, permanece sin aplicación real. El gobierno estatal tiene la oportunidad de responder con soluciones tangibles, no solo con promesas, para evitar que la brecha entre lo que se acuerda y lo que se aplica siga creciendo.

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