Vinculan a proceso por tentativa de homicidio a detenidos en marcha generación Z
Tres de los manifestantes arrestados durante la marcha de la llamada “Generación Z” el pasado 15 de noviembre han sido vinculados a proceso por la Fiscalía de la Ciudad de México por tentativa de homicidio contra policías, según resolvió un juez de control tras las audiencias iniciales.
La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Bertha María Alcalde, sostiene que cuentan con elementos suficientes para procesar a los tres jóvenes: se trata de Francisco “N”, Federico “N” y Luis “N”. Dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva justificada, mientras que al tercero se le permitió seguir el proceso en libertad bajo medidas cautelares. Abogados defensores, por su parte, denunciaron posibles actos de tortura, irregularidades en las detenciones y que las imputaciones para algunos se basan principalmente en testimonios policiales.
El anuncio ha encendido un debate nacional, la protesta, que atrajo a miles de jóvenes al Zócalo capitalino en la marcha de la generación Z, no solo derivó en actos de violencia y enfrentamientos con la policía, sino que ahora deja como saldo cargos graves para algunos de sus participantes, lo que podría definir el tono de las protestas futuras y la respuesta institucional ante la movilización juvenil. Según la Fiscalía, en total se imputaron cargos a 19 personas, y al menos 8 de ellas permanecerán en prisión preventiva.
La marcha de la Generación Z fue convocada para protestar contra la corrupción, la inseguridad y la burocracia. Sin embargo, durante el trayecto se registraron enfrentamientos con la policía, destrozos, uso de objetos y agresiones. Algunos manifestantes han señalado que la protesta se desvirtuó por infiltrados o por “bloques negros” que criminalizaron el movimiento.
Además del homicidio en grado de tentativa, se han vinculado a proceso a otros manifestantes por delitos como resistencia de particulares, lesiones dolosas y robo. Un líder identificado de un “grupo de choque” fue específicamente señalado por la Fiscalía y permanece detenido en el Reclusorio Norte.
Las implicaciones de estas decisiones judiciales son enormes: si los cargos prosperan, podrían servir como un punto de disuasión para futuras movilizaciones. Pero también abren una grieta política: defensores de derechos humanos y abogados preguntan si esta persecución marcará un precedente de penalización para la protesta social, en especial para la generación más joven que reclama cambios estructurales. Además, los procesos mostrarán si el sistema de justicia capitalino logra equilibrar la rendición de cuentas con el derecho a manifestarse.
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Email: carolina.solis@cps.media