Nuevo impuesto turístico en Quintana Roo genera dudas por falta de reglas

La intención del gobierno de Quintana Roo de crear una nueva contribución fiscal para financiar obras en zonas turísticas estratégicas abrió un debate inmediato sobre la claridad, legalidad operativa y equidad del esquema anunciado para Cancún y Cozumel.

La gobernadora Mara Lezama explicó que este nuevo impuesto estaría enfocado en fortalecer infraestructura clave, como el mantenimiento de plantas de tratamiento y la pavimentación de la zona hotelera de Cancún, con una bolsa anual estimada en al menos 250 millones de pesos, tras el retiro de Fonatur de estas tareas.

Sin embargo, el planteamiento ha encendido alertas entre especialistas y organismos ciudadanos, ya que la Ley de Ingresos estatal ya contempla una figura similar denominada Contribución de Mejoras para Zonas Prioritarias de Gestión Turística Sustentable, sin que hasta ahora existan reglas de operación, delimitación territorial ni proyectos específicos asociados.

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La ausencia de definiciones concretas genera incertidumbre sobre cómo se cobrará el impuesto y quiénes serán los contribuyentes directos, pues no se establece si el gravamen recaerá únicamente en hoteles o también en restaurantes, comercios y otros negocios que operan en las zonas beneficiadas.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, advirtió que la propia Ley de Ingresos deja el monto a recaudar prácticamente abierto, al contemplar para 2026 una recaudación simbólica de un peso, lo que permitiría fijar posteriormente cantidades mucho mayores sin un debate público previo.

El especialista subrayó que cualquier contribución de mejoras debe justificar con precisión el beneficio directo que recibirán los contribuyentes, sobre todo en un contexto donde el sector turístico ya enfrenta una alta carga fiscal y puede argumentar que paga impuestos suficientes para servicios similares.

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El trasfondo del nuevo impuesto se vincula con el traspaso de responsabilidades que realizó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dejando al gobierno estatal a cargo del mantenimiento de la zona hotelera de Cancún y de la Marina de Cozumel, áreas clave para la economía turística del estado.

En ese nuevo esquema, los recursos recaudados estarían destinados a proyectos ejecutados por el Fideicomiso de Fomento para la Actividad Turística de Quintana Roo, organismo que sustituyó a Fonatur y ahora administra la infraestructura turística heredada por la federación.

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La discusión de fondo no gira en torno a la necesidad de invertir en infraestructura turística, sino en la falta de transparencia sobre el destino puntual del dinero, los criterios de cobro y la certidumbre jurídica para quienes eventualmente financiarán estas obras.

La presión ahora recae en el gobierno estatal para definir reglas claras, socializar el modelo y evitar que el nuevo impuesto se perciba como una carga adicional sin beneficios verificables, en un estado cuya economía depende de la confianza del sector turístico.

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