Presentan plan nacional contra abuso sexual; en BCS registran 303 denuncias

El gobierno federal anunció el lanzamiento del Plan Integral contra el Abuso Sexual, una estrategia nacional orientada a homologar la tipificación y sanción de este delito en todo el país, donde en lo que va del año se han abierto 25 mil 70 carpetas de investigación por abuso sexual.

Durante la presentación del programa, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, subrayó la necesidad de que el abuso sexual sea reconocido como una conducta grave y sancionada de manera homogénea en los 32 estados. Explicó que el plan busca facilitar a las víctimas el proceso de denuncia para hacerlo “más ágil, más rápido y con menos obstáculos cuando se enfrentan a una situación de violencia”.

La funcionaria expuso que actualmente el delito no está definido de forma uniforme en los Códigos Penales del país. De acuerdo con el mapeo presentado:

• En 19 entidades, la legislación contempla criterios amplios y diversas agravantes.

• En nueve estados, el tipo penal existe, pero carece de agravantes suficientes.

• En cuatro entidades, ni siquiera se establece con claridad qué constituye abuso sexual.

El Plan Integral considera acciones de capacitación institucional, campañas de concientización y la promoción de la denuncia, con el propósito de reducir las brechas en la atención y sanción de este delito.

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BCS: el abuso sexual encabeza los delitos contra la libertad y seguridad sexual

En Baja California Sur, el abuso sexual refleja una tendencia preocupante. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de este año se han registrado 303 denuncias por este ilícito.

La cifra convierte al abuso sexual en el delito de mayor incidencia dentro de las conductas que atentan contra la libertad y seguridad sexual en el estado, al representar el 37.2% del total de denuncias de este tipo.

El alto número de casos ubica a BCS en un contexto donde la estrategia federal podría significar una mejora en la atención, protección y acceso a justicia para las víctimas, sobre todo ante la necesidad de criterios claros y procedimientos más accesibles.

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