Quintana Roo por decreto obliga blindar cenotes y ríos subterráneos a hoteles pero no a la Sedena

El impulso del gobierno federal para declarar un Área Natural Protegida dedicada a salvaguardar los ríos subterráneos y cenotes de Quintana Roo avanza entre expectativas, tensiones y omisiones notorias. El proyecto, promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pretende poner freno al deterioro acelerado del manto freático, pero no exige los mismos estándares ambientales a las obras estratégicas del Tren Maya y a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos de los mayores modificadores del territorio en la península.

La propuesta de decreto surge como respuesta a un ecosistema que enfrenta presiones crecientes derivadas del turismo masivo, el desarrollo inmobiliario y la explotación desordenada del suelo. La directora nacional de Conservación de la Conanp, María del Carmen García Rivas, explicó que el documento se encuentra en fase técnica y científica, con el objetivo de establecer criterios estrictos que reduzcan al mínimo el impacto humano sobre la red hídrica subterránea. El reto no es menor: se busca una regulación capaz de equilibrar desarrollo económico y un sistema natural sin reemplazo.

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El calendario oficial prevé que el decreto esté listo en 2026, un plazo que refleja tanto la complejidad del ecosistema como la falta de recursos institucionales. Aunque el paquete fiscal para ese año considera un incremento del 50% al presupuesto de la Conanp —alrededor de 1,500 millones de pesos—, el monto resulta insuficiente para atender todos los territorios bajo su responsabilidad. La dependencia enfrenta una dispersión geográfica que supera su capacidad operativa, incluso ante proyectos de conservación prioritarios como el de Quintana Roo.

La presión inmobiliaria ha convertido al estado en un laboratorio de contrastes, donde conviven iniciativas de turismo regenerativo con desarrollos turísticos que sobrepasan la capacidad de carga. Autoridades y especialistas han insistido en que la construcción de nuevos hoteles debe realizarse bajo modelos de bajo impacto, sobre todo en zonas cercanas a arrecifes y áreas permeables que alimentan al acuífero regional. La advertencia es clara: cada intervención irresponsable acelera la degradación del subsuelo y compromete el acceso al agua.

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Las lagunas costeras del norte y sur figuran entre los ecosistemas más castigados, producto de la expansión urbana, la erosión y la falta de tratamientos adecuados para las aguas residuales. El acuífero peninsular enfrenta, además, un doble proceso de deterioro: el incremento de nutrientes que alteran la calidad del agua y la intrusión salina que avanza conforme se sobreexplota el subsuelo. Ambos fenómenos representan una amenaza directa a la estabilidad hídrica de la región.

El diagnóstico científico más reciente elevó aún más las alarmas. Un análisis en pozos de monitoreo y cenotes urbanos de Playa del Carmen detectó concentraciones elevadas de nutrientes, lo que apunta a descargas irregulares o insuficientemente tratadas. Los hallazgos fueron difundidos por organizaciones ambientales que llevan años documentando la vulnerabilidad del sistema y la necesidad de una regulación más estricta, especialmente ante el crecimiento urbano descontrolado.

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El contraste que genera el proyecto es inevitable: mientras que los nuevos desarrollos hoteleros deberán cumplir estándares más estrictos para proteger los ríos subterráneos, las megaobras federales no enfrentan exigencias equivalentes dentro del decreto. La exclusión del Tren Maya y de la Sedena reaviva el debate sobre los criterios con los que se define la protección ambiental en México y abre cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso oficial y las prácticas gubernamentales en territorios de alto valor ecológico.

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