Repartidores de apps denuncian extorsión policiaca en Playa del Carmen

La creciente inconformidad entre repartidores de plataformas digitales volvió a manifestarse públicamente ante lo que consideran una práctica sistemática de extorsión policiaca, principalmente por parte de agentes de tránsito, policías turísticos y privados que tienen licitado los espacios de parquímetros en Playa del Carmen, una situación que aseguran afecta de manera directa su ingreso diario y sus condiciones de trabajo.

Las denuncias apuntan a cobros irregulares que van de los 200 a los 500 pesos por supuestas faltas administrativas, bajo el argumento recurrente de estacionarse momentáneamente para entregar o recoger pedidos, una práctica inherente a su actividad y que, afirman, es utilizada como pretexto para sanciones arbitrarias, ya que con los taxistas, no aplica la misma vara.

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El problema se agrava cuando las motocicletas son remitidas al corralón, lo que representa un gasto aproximado de 3 mil 500 pesos por moto o 500 pesos para desbloquear el inmovilizador, una cifra que para muchos repartidores equivale a varios días de trabajo y que se genera, según su versión, por detenerse apenas unos minutos para cumplir con una entrega.

Integrantes de Repartidores Unidos de México señalaron que este contexto los obliga a trabajar bajo una presión constante, al grado de sentirse más vulnerables frente a la autoridad que ante la delincuencia común, lo que evidencia una relación deteriorada entre los trabajadores y los cuerpos de seguridad.

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Más cobros en México que pagan el repartidor y el cliente

A esta situación se suma el rechazo al cobro del 2 por ciento por el llamado “uso de infraestructura vial”, una medida que consideran injustificada y desproporcionada, al argumentar que motocicletas, bicicletas e incluso repartidores a pie difícilmente generan el desgaste urbano que se les atribuye.

Los repartidores cuestionan que el gravamen se base en la premisa de que la mayoría de los motociclistas pertenecen a plataformas digitales, y contrastan esta lógica con la ausencia de impuestos similares a camiones de carga pesada o grandes empresas de logística, que tienen un impacto mayor en las vialidades.

Reducción de ganancias por reforma laboral

En paralelo, los trabajadores expresaron preocupación por el desarrollo de la prueba piloto de la reforma laboral para plataformas digitales, cuya fase experimental está por concluir sin que, aseguran, hayan sido escuchados por las autoridades responsables de su implementación.

Ante este escenario, informaron haber entregado oficios a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al IMSS para exigir claridad, participación real en el proceso y la eliminación de cargas adicionales que, advierten, podrían poner en riesgo su ya precaria estabilidad económica.

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La exigencia central del movimiento es frenar las extorsiones, mantener las condiciones actuales del programa piloto y abrir un diálogo efectivo con las autoridades, bajo el argumento de que cualquier política pública dirigida al sector debe construirse con quienes sostienen diariamente el reparto urbano.

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