¡Samsung acusa extorsión y crimen organizado! Podría irse de México
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La gigante tecnológica Samsung evalúa seriamente la posibilidad de retirar todas sus operaciones de México. Esta decisión se fundamenta en la denuncia de haber sido víctima de extorsión fiscal y actos de crimen organizado por parte de las autoridades, con un cobro que asciende a 300 mil millones de pesos.
Antonio Martínez Dagnino, el actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), supuestamente presionó a la tecnológica para que pague esta estratosférica cifra. Este monto que se le exige a Samsung es comparable con las utilidades que ha generado en un periodo de seis años.
El esquema de cobro utiliza la figura del interés compuesto, aplicando una tasa que supera el 9% en el Mecanismo de Importación Temporal para Manufactura y Exportación. Dicho mecanismo permite a las empresas traer insumos sin pagar impuestos siempre que sean para la exportación de bienes terminados.
¿Qué implicaciones tendría la salida de Samsung para México?
Si Samsung se retira, México perdería una de sus principales fuentes de empleo en el sector tecnológico. Además, las exportaciones nacionales de electrónicos y electrodomésticos se verían seriamente comprometidas.
Una potencial partida de la empresa crearía un precedente negativo que podría desalentar la inversión extranjera bajo el esquema IMMEX. Igualmente, la situación complicaría la renegociación de ciertos aspectos del T-MEC debido al trato desigual percibido entre países.
¿Intenta el SAT aplicar doble tributación?
Se reporta que el SAT intentó desconocer el marco legal de IMMEX, argumentando que la compañía hizo un uso indebido del mecanismo. El fin de esta acción sería ejercer un doble cobro, generando preocupación en el sector empresarial ante un posible precedente negativo para la manufactura mexicana.
La controversia escala a la Suprema Corte
El conflicto fiscal ha escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En este foro judicial, las posturas de las ministras reflejan la división sobre la legalidad del proceder del SAT.
Por un lado, la ministra Yasmín Esquivel Mossa ha puesto en tela de juicio la validez del doble cobro. En ese sentido, ha manifestado que dicha acción contraviene el principio de legalidad tributaria.
En contraste, la ministra Lenia Batres Guadarrama defiende la acción del SAT al considerar legítimo que la dependencia cuestione lo que percibe como un uso indebido del esquema IMMEX. Además, atribuye a la empresa tecnológica una supuesta evasión fiscal que podría ascender a 250 mil millones de pesos cada año.
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