Sedena enfrentará pago millonario por fallas legales en contrato de equipo de espionaje

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue condenada por un juez federal a pagar hasta 9,534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices tras fallas procesales en su departamento jurídico al responder una demanda por contratos de equipos de espionaje.

La decisión judicial, que ya es firme, ha generado reacciones en el gobierno federal y debates sobre responsabilidad institucional y transparencia en contrataciones militares.

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Errores jurídicos que costaron miles de millones a Sedena

Un juez de Distrito en materia administrativa determinó que la Sedena perdió el juicio contra la empresa Security Tracking Devices (STD), proveedora de sistemas relacionados con espionaje adjudicados durante la administración de 2010–2012, porque los representantes legales de la dependencia no acreditaron su personalidad y presentaron la apelación fuera de tiempo en etapas clave del proceso.

La resolución judicial ordena el pago de 9,534 millones de pesos, monto que se deriva de 13 facturas reclamadas por STD por equipos de espionaje que la Sedena dejó de pagar tras rescindir los contratos en administraciones pasadas.

Ante la condena, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que un Tribunal Colegiado de Apelación ya reconoció la personalidad jurídica de la Sedena, lo que permitiría a la institución defenderse en el proceso legal, algo que no había sido posible inicialmente debido a los errores procesales señalados por el juez.

La sentencia ha encendido debate sobre responsabilidad institucional y rendición de cuentas en contrataciones del sector defensa.

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Organismos civiles y opositores han señalado que este caso expone la falta de controles jurídicos internos para proteger al Estado en litigios con proveedores privados.

Además, el caso revive controversias en torno al uso de equipos y software de espionaje por parte de dependencias del Estado, un tema que ha sido objeto de investigaciones periodísticas y debates públicos sobre derechos humanos y vigilancia estatal en México.

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