Sedena en nueve meses se adueñó del turismo en Tulum

En menos de un año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha pasado de administrar un parque natural a controlar prácticamente el pulso económico y turístico de Tulum. Desde que el Ejército tomó el mando del Parque Nacional del Jaguar, la afluencia de visitantes cayó de manera drástica, los negocios reportan pérdidas históricas y la imagen del destino —antes símbolo del turismo libre y natural del Caribe mexicano— se ha transformado en un espacio vigilado y condicionado.

El impacto se siente desde la entrada a la zona arqueológica, uno de los sitios más visitados del país, donde el bullicio de turistas, vendedores y guías ha sido sustituido por retenes, tarifas y restricciones impuestas por la Sedena. Comerciantes locales y empresarios turísticos aseguran que el verano pasado la ocupación hotelera cayó hasta 30%, una cifra que no se registraba desde la pandemia. Restaurantes, clubes de playa y tiendas de buceo operan al borde del colapso, mientras los visitantes buscan alternativas más accesibles en Cancún o Playa del Carmen.

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La administración militar del Parque del Jaguar comenzó en diciembre de 2024, cuando la Sedena asumió oficialmente el control del área, declarada zona natural protegida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto, con una inversión superior a los 2,700 millones de pesos, fue presentado como una apuesta por el ecoturismo, pero en la práctica ha derivado en la imposición de cobros de acceso que van de 105 a más de 500 pesos por persona, aplicables tanto a nacionales como extranjeros. Esa medida, denuncian los prestadores de servicios, ha fracturado la economía local y reducido el flujo de visitantes.

Detrás de la operación se encuentra el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), empresa creada por la Sedena para administrar proyectos federales estratégicos como el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum. En la práctica, este conglomerado militar ha extendido su influencia a la vida cotidiana del destino, controlando accesos, tarifas y, según comerciantes, incluso el precio de los productos que se venden en los alrededores del parque.

Las tensiones entre los habitantes y las fuerzas armadas no se han hecho esperar. Varios episodios de confrontación han sido reportados entre comerciantes y elementos del Ejército o la Guardia Nacional. A pesar de que las protestas ciudadanas consiguieron la reapertura de un acceso sur a la costa, la medida resultó insuficiente. Los habitantes denuncian que el turismo sigue restringido y que la zona, antes de libre tránsito, se ha convertido en un espacio de control federal bajo el argumento de la “preservación ambiental”.

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Mientras tanto, en torno al Parque del Jaguar comienzan a levantarse nuevos desarrollos de lujo. En los terrenos colindantes con el área protegida se observan condominios y complejos residenciales de alto nivel, algo que los lugareños consideran contradictorio con el discurso ecológico del proyecto. La dualidad entre restricción para el acceso público y expansión de obras privadas ha alimentado el descontento social y la desconfianza hacia la presencia militar.

A nueve meses de su llegada, la Sedena no sólo administra un parque: regula la actividad turística de Tulum y ha redefinido la relación entre desarrollo y control en uno de los destinos más emblemáticos del país. Lo que comenzó como una promesa de conservación ambiental terminó alterando el equilibrio económico de la región. Para muchos habitantes, el turismo dejó de ser un motor libre y abierto para convertirse en un sector vigilado y subordinado al nuevo orden militar del Caribe mexicano.

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