Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

La Semarnat, a través de una solicitud de transparencia realizada por este medio, respondió que no podía entregar los documentos técnicos que respaldan las afectaciones ambientales reconocidas públicamente en el tramo 5 del Tren Maya, al considerar que dicha información está protegida bajo criterios de seguridad nacional.

Según la dependencia, los registros solicitados —que incluyen dictámenes técnicos, estudios de impacto ambiental, avalúos de calidad del agua y evaluaciones sobre cavernas, cenotes o acuíferos— se encuentran bajo reserva por un periodo de cinco años, conforme a la resolución interna 401/2023. Bajo ese marco, la información permanecerá resguardada hasta 2028, salvo que el Comité de Transparencia decida revocar la reserva.

Esto ocurre pese a que, el 6 de octubre de 2025, la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, reconoció en comparecencia ante las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara de Diputados que obras del Tren Maya en el tramo que va de Playa del Carmen a Tulum —el Tramo 5— provocaron daños concretos: ocho cavernas y cenotes resultaron afectados por la instalación de concreto y otras estructuras.

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Bárcena detalló que la Semarnat ya impulsa trabajos de limpieza y retiro de material en esas formaciones subterráneas, y afirmó que se revisan los permisos y condicionantes ambientales del proyecto. Según dijo, la dependencia exige cumplir con el 95 % de las medidas ambientales impuestas para mitigar los impactos a la flora, fauna y ecosistemas karsticos. Sin embargo —y aquí radica la polémica— la dependencia admitió, en documento oficial SEMARNAT/UT/2342/2025 enviado a este medio, que no ha elaborado monitoreos, auditorías o estudios propios sobre la calidad del agua ni cuenta con dictámenes técnicos sobre afectaciones en acuíferos, cavernas o cenotes en ninguna zona del proyecto.

En otras palabras, la evidencia pública que muestra el impacto ambiental es extremadamente limitada: se cuenta con las manifestaciones oficiales de daños, pero no con los informes técnicos que permitan dimensionar con precisión su magnitud.

Organismos civiles y ambientalistas, por su parte, advierten que el daño podría ser más grave de lo reconocido: de acuerdo con un informe reciente elaborado por la Misión Civil de Observación, hasta 125 cuevas y cenotes han sido fragmentados y estarían en riesgo de colapso por la perforación del suelo kárstico y la inserción de miles de pilas de acero y concreto durante la construcción del tren. Para muchos de estos críticos, la decisión de clasificar la información bajo “seguridad nacional” representa una barrera para la transparencia y la rendición de cuentas en una obra que ha sido señalada desde sus inicios por su alto impacto ecológico en zonas de máxima fragilidad ambiental.

La reserva de los documentos técnicos impide conocer el alcance real del daño: qué tan contaminados están los ecosistemas subterráneos, qué riesgo existe para el acuífero y comunidades que dependen del agua, y qué tan viables serán las labores de remediación anunciadas por las autoridades. Con ello, se mantiene una enorme zona de incertidumbre sobre las consecuencias ambientales del proyecto.

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