Sheinbaum cuestiona acusación por terrorismo contra periodista en Veracruz y exige aclaración inmediata

La imputación del delito de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia encendió alertas a nivel nacional y llevó a la presidente Claudia Sheinbaum a exigir explicaciones públicas a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Desde Palacio Nacional, la mandataria cuestionó abiertamente el uso de una figura penal que, subrayó, no tiene antecedentes en México para casos relacionados con comunicadores.

La gravedad del señalamiento, por su carga jurídica y simbólica, motivó a Sheinbaum a deslindar el ejercicio periodístico de cualquier posible conducta ilícita. La presidente fue enfática al señalar que, aun cuando una persona sea periodista, cualquier acusación debe sustentarse en hechos plenamente acreditados y jamás confundirse con su labor informativa.

Leer más: Muere Cecilia Giménez, la mujer que convirtió un error artístico en un meme cultural mundial

El uso del término terrorismo, dijo, resulta particularmente delicado en un país donde la libertad de expresión enfrenta presiones constantes. Sheinbaum sostuvo que no existe precedente de imputaciones de este tipo contra periodistas y que, por lo mismo, corresponde a la fiscalía estatal explicar con claridad el sustento legal y factual de la acusación.

El caso ocurre en un contexto marcado por la violencia contra la prensa, donde México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En ese escenario, la presidente reiteró que la defensa de la libertad de expresión debe colocarse por encima de cualquier interés político o institucional, como un principio irrenunciable del Estado democrático.

Leer más: Tren Maya: una obra impuesta que no conecta y deja una factura social-ambiental en el sureste

Sheinbaum insistió en que, si existiera un delito real y comprobable, la autoridad tiene la obligación de precisarlo y demostrarlo, pero siempre desvinculándolo del trabajo periodístico. La ambigüedad o el uso de tipos penales extremos, advirtió, solo genera sospechas sobre un posible uso indebido del aparato de justicia.

Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y posteriormente imputado por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública. La naturaleza de estos cargos provocó una reacción inmediata de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Leer más: Tren Maya con millonario gasto circula casi vacío incluso en temporada alta

Artículo 19 condenó la detención y alertó sobre el efecto inhibidor que este tipo de procesos penales genera en el periodismo, particularmente en regiones atravesadas por violencia y redes de macrocriminalidad. La organización advirtió que recurrir al sistema penal como represalia por el ejercicio informativo constituye un abuso incompatible con una democracia.

La presión pública ahora se centra en la Fiscalía de Veracruz, a la que tanto la Presidencia como organizaciones civiles exigen transparencia, legalidad y garantías plenas para la libertad de expresión. El caso, más allá de su desenlace judicial, reabre el debate sobre los límites del poder punitivo del Estado frente al trabajo de la prensa.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO