Trump usa una acusación de 2020 en Nueva York para capturar a Maduro en Caracas

La captura de Nicolás Maduro por autoridades de Estados Unidos no es un episodio aislado ni improvisado, sino el desenlace de una estrategia judicial que Washington activó desde hace más de un lustro. El operativo ejecutado este sábado se inserta en un largo proceso legal y político que convirtió al mandatario venezolano en uno de los principales objetivos del sistema de justicia estadounidense.

El origen del caso se remonta a 2020, cuando durante el primer mandato de Donald Trump, fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron una acusación formal contra Maduro por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con crimen organizado. La imputación colocó al entonces presidente venezolano en una categoría inédita: la de jefe de Estado acusado penalmente por tribunales federales estadounidenses.

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Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos sostuvo de manera sistemática que el liderazgo venezolano operaba como una estructura criminal transnacional. Washington afirmó que Maduro encabezaba el llamado Cártel de los Soles, organización a la que describió como responsable de facilitar el tráfico de drogas hacia Norteamérica en coordinación con grupos armados y redes ilícitas regionales.

La presión no fue únicamente retórica. En paralelo al proceso judicial, Estados Unidos activó un esquema de recompensas que fue escalando con los años. Inicialmente se ofrecieron 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro; la cifra aumentó a 25 millones a inicios de 2025 y alcanzó los 50 millones en agosto de ese mismo año, tras su designación formal como líder de una organización terrorista extranjera.

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El sustento legal de la acusación fue defendido públicamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien subrayó que el caso no se basaba en consideraciones políticas, sino en pruebas presentadas ante un gran jurado federal. Para la administración estadounidense, la imputación de 2020 representó un parteaguas en la forma de confrontar al gobierno venezolano, trasladando el conflicto del terreno diplomático al penal.

La captura anunciada por Donald Trump este sábado confirma que esa vía judicial no fue abandonada. El propio presidente estadounidense aseguró que Maduro fue detenido en colaboración con fuerzas del orden de su país, mientras que el senador republicano Mike Lee reveló que la operación militar tuvo como objetivo proteger a quienes ejecutaban la orden de arresto emitida por la justicia estadounidense.

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Desde el Departamento de Estado, el mensaje fue presentado como un punto de quiebre histórico. El vicesecretario Christopher Landau afirmó que la operación marca “un nuevo amanecer para Venezuela” y sostuvo que, tras años de señalamientos y recompensas, Maduro finalmente enfrentará a los tribunales por los cargos que se le imputan.

El traslado del mandatario venezolano a territorio estadounidense abre ahora una etapa inédita: la judicialización directa de un conflicto que durante décadas se expresó en sanciones, discursos y tensiones diplomáticas. El proceso que inició en 2020 entra así en su fase más delicada y trascendental, con implicaciones profundas para Venezuela, la región y el sistema internacional.

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