Venezuela acusa a EE.UU. ante la OPEP+: “Quieren apoderarse de nuestras reservas petroleras”

Venezuela denunció ante la OPEP+ que Estados Unidos estaría intentando apropiarse de sus reservas petroleras mediante un despliegue militar en el Caribe
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La tensión entre Venezuela y Estados Unidos escaló a un nuevo nivel luego de que el gobierno de Nicolás Maduro denunciara ante la OPEP+ que Washington estaría ejecutando una estrategia para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas bajo el argumento del combate al narcotráfico en el Caribe. La acusación, presentada durante la conferencia ministerial 2025 del bloque energético, colocó el tema en el centro del debate internacional sobre seguridad, geopolítica y control de los recursos naturales.

El señalamiento fue leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en nombre de Maduro, quien advirtió que el despliegue militar estadounidense en la región no obedece a una operación antidrogas, sino a un intento de presionar directamente al Estado venezolano. La narrativa del gobierno bolivariano se sostiene sobre el despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de la flota norteamericana, considerado por Caracas como evidencia de una postura agresiva y de carácter intervencionista.

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En su mensaje, el gobierno venezolano afirmó que la presencia militar de Estados Unidos representa un riesgo para la estabilidad interna del país y para el propio mercado energético global. La OPEP+, que agrupa a los principales productores de petróleo del mundo, escuchó la advertencia en un momento marcado por la volatilidad en los precios del crudo y las tensiones derivadas de conflictos geopolíticos en distintas regiones del planeta. Venezuela insistió en que cualquier amenaza a su infraestructura petrolera impactaría de inmediato en los niveles de producción mundial.

El discurso de Rodríguez también buscó colocar a la comunidad energética internacional como contrapeso frente a lo que Caracas llama una “agresión en construcción”. En esa línea, el gobierno venezolano pidió formalmente la intervención política del secretario general de la organización, Haitham Al Ghais, así como de los países miembros de OPEP+, para presionar a Estados Unidos y frenar el avance militar en la zona. El argumento se centró en que una desestabilización en Venezuela afectaría no solo a los productores, sino también a las economías consumidoras que dependen del suministro regular.

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El contexto que rodea esta denuncia incluye la reciente designación del denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista por parte del Departamento de Estado estadounidense, una medida que señala directamente a Maduro y a altos mandos militares como responsables de una red ligada al narcotráfico. Caracas rechaza la acusación y la califica como un pretexto para justificar acciones coercitivas. El señalamiento revivió un capítulo recurrente en las relaciones bilaterales: la mezcla de presión militar, sanciones económicas y acusaciones de delincuencia organizada.

A la presión diplomática se suma un ambiente de incertidumbre aérea que inició cuando Estados Unidos alertó a las aerolíneas sobre los riesgos de sobrevolar Venezuela y el Caribe sur. La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata y contundente: revocó las concesiones de vuelo a varias aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol. La medida provocó un efecto dominó que afectó la conectividad del país y tensó aún más la relación bilateral.

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Para Venezuela, esta combinación de acciones militares, sanciones y advertencias aéreas constituye un cerco que busca asfixiar al gobierno de Maduro y poner bajo presión su capacidad de maniobra económica. Para Estados Unidos, en cambio, se trata de un operativo contra el narcoterrorismo y contra una estructura estatal señalada de delitos transnacionales. Entre ambas versiones, el mercado energético observa con cautela un conflicto que, de escalar, podría impactar en el suministro mundial de petróleo.

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