California entra al mapa militarizado con seguridad reforzada de Estados Unidos

La decisión del gobierno del presidente Donald Trump de ampliar las zonas militarizadas en la frontera sur sumó un nuevo capítulo con la incorporación de gran parte del límite entre California y México bajo jurisdicción de la Armada. La medida, anunciada por el Departamento del Interior, marca un giro sustancial al colocar una porción estratégica del territorio fronterizo bajo control directo militar, en un momento en que Washington insiste en reforzar su narrativa de soberanía y control territorial.

El trazo elegido para esta nueva zona se extiende desde la frontera con Arizona hasta la Reserva Natural de la Montaña Otay, abarcando regiones sensibles como el Valle Imperial y comunidades colindantes, entre ellas Tecate. El gobierno estadounidense sostiene que este corredor es un punto recurrente de cruces irregulares, aunque los propios registros oficiales muestran que los arrestos migratorios en la frontera sur se encuentran en su nivel más bajo desde la década de 1960, pese al despliegue masivo impulsado por Trump.

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La expansión militar no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia iniciada en abril, cuando se designó un primer tramo de 170 millas en Nuevo México como zona bajo operación castrense. Desde entonces, segmentos de Texas y Arizona también han sido incorporados, consolidando una franja fronteriza con presencia creciente de soldados federales, blindaje tecnológico, drones, helicópteros y patrullajes sofisticados.

El nuevo esquema permite a las fuerzas federales detener a personas acusadas de ingresar sin autorización a terrenos controlados por el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, habilitando además cargos penales adicionales que pueden derivar en penas de cárcel. Hoy, más de 7,000 efectivos operan a lo largo de la frontera sur, lo que confirma la magnitud del giro militar frente a un fenómeno migratorio que, según las estadísticas, lleva meses a la baja.

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La postura oficial fue reafirmada por el secretario del Interior, Doug Burgum, quien aseguró que esta transferencia de jurisdicción representa un cierre de brechas históricas en seguridad y una defensa de las tierras públicas frente a su “uso ilegal”. La narrativa se alinea con la agenda del presidente Trump, que desde su llegada al poder ha impulsado medidas de alta intensidad para frenar el cruce irregular entre puertos de entrada.

El argumento legal, sin embargo, enfrenta resistencia. Expertos en derecho advierten que la implicación directa de las fuerzas armadas en tareas de control migratorio desafía restricciones vigentes que prohíben a los militares actuar como policías dentro del país. Alertan, además, que esta incursión podría politizar de manera irreversible el rol de las fuerzas castrenses, colocándolas en el centro de disputas institucionales de fondo.

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El anuncio del miércoles coincidió con un revés judicial significativo: un juez federal ordenó al gobierno suspender el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver su control al estado. Trump había convocado en junio a más de 4,000 elementos sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, una decisión que reavivó debates sobre los límites del poder federal en asuntos de seguridad interna.

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