En Cozumel denuncian que nuevo club de playa de Royal Caribbean privatizaría la última costa pública

La inconformidad social en Cozumel tomó fuerza en los últimos días ante el anuncio del club de playa que Royal Caribbean pretende construir en la zona oeste de la isla, un proyecto que los habitantes consideran una amenaza directa al acceso público a la costa y a la economía local. Para la comunidad, la instalación significaría la privatización de la última playa disponible para uso libre, un punto neurálgico tanto para la vida cotidiana como para la actividad turística independiente que sostiene a cientos de familias.

El rechazo se sustenta en la preocupación por un desplazamiento silencioso pero contundente del turismo hacia infraestructura privada, lo que, según los activistas, dejaría fuera a los prestadores de servicios locales que dependen del flujo de visitantes hacia playas públicas. El argumento central es que el proyecto modificaría el equilibrio económico de la isla, favoreciendo a una empresa internacional mientras los negocios tradicionales verían reducido su espacio de operación.

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La advertencia se refuerza con experiencias documentadas en otros destinos turísticos del país y el extranjero, donde fenómenos similares han provocado caídas de hasta 40% en los ingresos de pequeños comercios. Los manifestantes aseguran que esos precedentes no solo derivaron en cierres definitivos, sino también en un aumento del desempleo y en un deterioro del nivel de vida de las comunidades que quedaron rezagadas frente al avance de inversiones privadas de gran escala.

El tema ambiental tampoco ha quedado fuera de la discusión. Los colectivos locales señalan que la instalación de un club de playa generaría una barrera física que impediría la labor de voluntarios y organizaciones dedicadas a la conservación de la flora y fauna del litoral oeste. La zona es reconocida por su riqueza natural, y cualquier limitación al acceso podría frenar los programas de monitoreo y restauración que sostienen parte del equilibrio ecológico de la isla.

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La exigencia de los habitantes se dirige principalmente a las autoridades municipales y al gobierno de Quintana Roo, a quienes piden frenar el avance del proyecto antes de que se otorguen más permisos. La postura es clara: Cozumel, dicen, ya cuenta con suficiente infraestructura turística para recibir cruceristas y visitantes sin necesidad de sacrificar espacios comunitarios ni alterar el entorno natural que da identidad a la isla.

Como parte de la presión social, los activistas lanzaron una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma change.org, convocando a residentes, visitantes y defensores del medio ambiente a pronunciarse en contra del club de playa. La movilización busca demostrar que el rechazo no es marginal, sino un sentimiento extendido entre la población que teme perder uno de los últimos espacios públicos del litoral.

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El debate ocurre en un contexto donde el propio gobierno estatal confirmó meses atrás que Royal Caribbean planea dos inversiones turísticas de alto alcance en Quintana Roo, una en Mahahual y otra en Cozumel, con un presupuesto conjunto estimado en mil millones de dólares. Ese anuncio, calificado entonces como un impulso al desarrollo económico, hoy se reinterpreta bajo la óptica de quienes consideran que el crecimiento no debería darse a costa del patrimonio natural ni del tejido social cozumeleño.

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