Daniel Ortega juega con excarcelaciones calculadas y nuevos presos políticos
La reciente excarcelación de presos políticos en Nicaragua volvió a exhibir una mecánica que el régimen de Daniel Ortega ha perfeccionado: liberar a unos para encarcelar a otros, administrar el miedo y sostener un inventario humano con fines políticos. El 10 de enero, la dictadura anunció la salida de 30 personas de prisión como un acto de “convivencia familiar”, pero organismos de derechos humanos documentaron que al menos 24 eran presos políticos y que, en paralelo, se produjeron más de 60 nuevas detenciones en cuestión de días.
El movimiento no fue aislado ni casual. La excarcelación ocurrió el mismo día en que la Embajada de Estados Unidos exigió la liberación de los presos políticos y apenas una semana después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un hecho que alteró el tablero regional. En ese contexto, el gesto fue leído como una señal de “buena voluntad” dirigida a Washington, más que como una rectificación interna en materia de derechos humanos.
La narrativa oficial habló de libertad y reunificación familiar, pero la realidad fue distinta. Los excarcelados no recuperaron plenamente sus derechos: deben presentarse a diario ante la Policía, tienen restringida la movilidad, no pueden usar redes sociales ni ofrecer declaraciones públicas. Salieron de las cárceles, pero quedaron bajo un régimen de vigilancia que los mantiene en condición de rehenes administrativos, sin garantías ciudadanas elementales.
La exguerrillera y opositora Dora María Téllez ha descrito este esquema como una “puerta giratoria” cuidadosamente aceitada. Mientras una puerta se abre para mostrar flexibilidad, otra se cierra detrás para alimentar el banco de presos políticos que el régimen utiliza para negociar, enviar señales o quitarse presión internacional. En esa lógica, la detención deja de ser un acto judicial y se convierte en una moneda de cambio.
Los números confirman el patrón. Hasta diciembre de 2025 se contabilizaban 62 presos políticos identificados; tras la excarcelación parcial de enero, quedaron 38 de ese grupo, a los que se sumaron 49 personas que permanecen encarceladas luego de las recientes redadas. El saldo actual asciende a 87 presos políticos registrados, con la advertencia de que la cifra real podría ser mayor debido al subregistro y al temor de las familias a denunciar.
El uso del encarcelamiento no es homogéneo. Hay detenidos con alto valor de negociación y otros cuyo objetivo principal es infundir terror. Entre estos últimos figuran ciudadanos apresados por manifestar en redes sociales su apoyo a la captura de Maduro, un mensaje dirigido especialmente a jóvenes y sectores urbanos: cualquier expresión pública puede tener consecuencias inmediatas.
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Existe además un grupo que cumple una función disciplinaria interna. Casos vinculados al propio círculo de poder —exfuncionarios, jefes policiales o figuras históricas del sandinismo— han sido encarcelados para enviar una advertencia inequívoca: nadie está fuera del alcance del régimen. El mensaje es claro y brutal: ni el dinero, ni las relaciones, ni la lealtad pasada ofrecen protección.
Los organismos de derechos humanos también han documentado un trato particularmente severo contra ciertos sectores. Exmilitares que han desaparecido del radar público, líderes indígenas mantenidos en aislamiento y un grupo reducido de mujeres que no han sido incluidas en las excarcelaciones evidencian una selectividad punitiva. La falta de información sobre su estado de salud agrava la preocupación internacional.
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El caso de Marvin Vargas, conocido como “El Cachorro”, sintetiza la crueldad del sistema. Sandinista disidente desde 2011, es el preso político más antiguo del régimen. A pesar de haber cumplido su condena, continúa aislado en una celda de castigo, ajeno a las excarcelaciones masivas y convertido en un símbolo de venganza política prolongada.
La presión externa, sin embargo, empieza a estrechar el margen de maniobra del orteguismo. Mientras Venezuela avanza en liberaciones más amplias, Managua enfrenta el dilema de sostener su estrategia sin quedar expuesta como una dictadura que administra rehenes. La observación internacional es cada vez más intensa y la “puerta giratoria”, aunque aún funciona, muestra signos de desgaste.
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Noticias: carolina.solis@cps.media
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