Expresidenta municipal de Amanalco es declarada culpable de homicidio calificado por un juez del Edomex

Un juez del Poder Judicial del Estado de México declaró culpable a la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, por su responsabilidad en el homicidio calificado del síndico municipal y su chofer, hechos ocurridos el 25 de enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia estatal. La resolución se emitió tras el análisis de los elementos de prueba presentados por el ministerio público durante el proceso penal.

De acuerdo con la investigación, el síndico Miguel Ángel Lara y su chofer fueron enviados bajo instrucciones de la entonces presidenta municipal a una zona considerada de alto riesgo, con presencia de grupos delincuenciales, de donde nunca regresaron con vida. Según la fiscalía, Martínez Robles tenía relación con el grupo criminal La Familia Michoacana, a quien protegía y apoyaba económicamente.

La expresidenta municipal ordenó a dicha organización criminal que privaran de la vida a los servidores públicos para mantener el control político y administrativo del ayuntamiento. De acuerdo con lo expuesto en el expediente, ella entregaba a La Familia Michoacana un millón 300 mil pesos cada tres meses, así como 100 mil pesos de cuota por acuerdo aprobado en el cabildo del  Amanalco.

La detención de la ex presidenta municipal fue el resultado de la denominada “Operación Enjambre”, un operativo conjunto entre la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, entre otras instituciones.

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La autoridad judicial fijó en los próximos días la audiencia para la individualización de sanciones, en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir Martínez Robles tras ser declarada culpable del delito imputado. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la duración de la posible condena o recursos legales que podrían interponerse.

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El caso ha generado atención en el ámbito político y social, dado que pone de manifiesto la gravedad de los hechos cometidos por unaexpresidenta municipal y su supuesto uso de recursos y decisiones administrativas para fines ilícitos, con consecuencias que han repercutido en la seguridad y confianza pública en la gestión municipal.

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