Demócratas escalan presión contra Kristi Noem y exigen desmantelar el ICE tras muertes en operativos migratorios

La exigencia de responsabilidades políticas por la política migratoria en Estados Unidos escaló en el Congreso luego de que legisladores demócratas pidieran la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el fin del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras la muerte de dos manifestantes durante operativos migratorios realizados en Minnesota a inicios de enero.

El reclamo tomó fuerza en una protesta frente a la sede del ICE en Washington, donde el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, atribuyó a Noem la responsabilidad directa por los hechos y exigió su destitución inmediata. La manifestación reunió a integrantes de distintos bloques demócratas que coincidieron en señalar una conducción institucional marcada por el uso excesivo de la fuerza y la ausencia de controles efectivos.

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La presión política no se limitó a una sola bancada. Representantes del Caucus Negro, del Caucus Asiático y de las Islas del Pacífico, así como del Caucus de Mujeres Demócratas, se sumaron a la demanda de renuncia y fueron más allá al plantear la necesidad de un juicio político contra la titular de Seguridad Nacional, al considerar que su gestión ha normalizado prácticas violatorias de derechos civiles.

El detonante inmediato fue la implementación del operativo “Metro Surge”, una estrategia que intensificó las redadas contra migrantes en Minnesota y que, de acuerdo con los legisladores, generó un clima de confrontación que derivó en el uso letal de la fuerza. Durante estas acciones, agentes migratorios dispararon contra los manifestantes Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, lo que provocó una ola de indignación nacional.

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En paralelo, los congresistas celebraron un fallo judicial que autoriza a legisladores federales a ingresar a centros de detención migratoria sin previo aviso, una resolución que consideran clave para ejercer supervisión real sobre el sistema. Tras conocerse la decisión, denunciaron la permanencia de niños y familias detenidas en instalaciones de Mineápolis, una práctica que calificaron como inaceptable.

El congresista Joaquín Castro fue uno de los más duros en su diagnóstico al describir las acciones del ICE como parte de un “sistema de crueldad” respaldado por la administración del presidente Donald Trump. En su postura, la política migratoria vigente no solo criminaliza la migración, sino que deshumaniza a comunidades enteras bajo el argumento de seguridad nacional.

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La crítica demócrata apunta también a la estructura misma del ICE, al que consideran un organismo que opera con escasa rendición de cuentas y con amplios márgenes de discrecionalidad. Para los legisladores, el desmantelamiento de la agencia es una condición necesaria para reformar de fondo la política migratoria y evitar nuevos episodios de violencia.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza en operativos migratorios y el papel del Congreso como contrapeso institucional. Mientras la administración defiende sus estrategias de control, la oposición demócrata busca convertir las muertes en Minnesota en un punto de inflexión político y legislativo.

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