Director de Policía de Comondú es acusado de “prepotencia” en Ciudad Constitución

Vecinos denunciaron presuntos actos de prepotencia por parte del director de la Policía Municipal de Comondú, Juan Pablo Chávez Arana.

De acuerdo con testimonios, el funcionario habría solicitado identificaciones a ciudadanos dentro y fuera de comercios, sin portar uniforme ni credencial visible. Incluso, algunos afectados señalaron que lo hizo bajo amenazas de detención.

• Lee más: ¿Qué estados tienen el mayor número de robos a transportistas? Los principales estados del megabloqueo

Testigos afirmaron haber escuchado frases como:

• “Si no se identifican ahorita, se van al juzgado.”
• “Los subo a la patrulla.”

Preocupación por protocolos policiales

Los señalamientos generaron preocupación porque el servidor público no portaba uniforme ni placa, lo que impide reconocerlo como autoridad.

Además, especialistas en derechos ciudadanos recordaron que la actuación policial debe regirse por protocolos de legalidad, respeto a garantías individuales y uso obligatorio de identificación visible.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Ciudadana de Baja California Sur establecen que los elementos deben informar su identidad, exhibir credenciales oficiales y respetar los derechos humanos, incluso en revisiones preventivas.

Debate social: abuso de autoridad o trabajo policial

Tras difundirse videos y testimonios en redes sociales, el caso generó opiniones divididas.

• Algunos usuarios exigieron sanciones y denunciaron intimidación.
• Otros defendieron la actuación del director con frases como: “Déjenlo hacer su trabajo.”
• En contraste, también se le cuestionó: “Nadie puede exigir identificaciones así nada más.”

Hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Comondú no ha emitido postura oficial.

• Lee más: Cuatro personas resultan lesionadas tras fuerte choque en la colonia Azaleas, en La Paz

Sin embargo, personas inconformes expresaron su intención de acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, solicitando una investigación y posibles sanciones.

La comunidad pide que, de comprobarse los hechos, exista responsabilidad administrativa, una disculpa pública y garantías para que no se repitan acciones consideradas intimidatorias.

• Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO