Misión Civil de Observación declara ecocidio en el Tren Maya y exige medidas urgentes

Organizaciones ambientales documentan deforestación masiva, destrucción de cenotes y violaciones a derechos indígenas en el Tren Maya; urgencia de acciones.
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Tren maya

Una Misión Civil de Observación integrada por organizaciones sociales y ambientales ha concluido que el proyecto del Tren Maya ha provocado daños ambientales severos que califican como ecocidio, derivado de la construcción y operación en los tramos finales del megaproyecto. El análisis documenta pérdidas significativas en ecosistemas clave de la Península de Yucatán y plantea cuestionamientos sobre el modelo de desarrollo impuesto en la región.

El informe señala que la construcción del Tren Maya ha provocado una deforestación masiva y la fragmentación de hábitats, afectando la biodiversidad y debilitando la capacidad de recuperación de la selva.

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Además de la pérdida forestal, la misión documentó la destrucción de más de 125 cenotes y cuevas, sistemas hidrológicos subterráneos esenciales para el ciclo del agua y la supervivencia de especies y comunidades locales. La instalación de miles de pilares de concreto en tramos como el 5 ha alterado estos corredores naturales de agua, con impactos que podrían ser irreversibles. 

El informe también subraya violaciones al derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, quienes no fueron debidamente consultados antes de las modificaciones y construcciones de tramo, a pesar de que la legislación protege estos procesos. Esta deficiencia ha generado tensiones y protestas en comunidades afectadas.

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Organizaciones como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Cenotes Urbanos han respaldado estas conclusiones, señalando que la obra ha impulsado además la especulación inmobiliaria y el cambio de uso de suelo, incrementando los precios de terrenos y atrayendo desarrollos sin permisos ambientales claros. Esta dinámica, advierten, contribuye al despojo y exclusión de poblaciones originarias. 

Frente a estas evidencias, activistas exigen la suspensión y reversión de obras que continúen dañando ecosistemas, así como investigaciones independientes y sanciones para los responsables. Estas demandas plantean un dilema para las autoridades: la necesidad de equilibrar infraestructura y desarrollo con la protección ambiental y los derechos humanos.

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