EEUU señala a la embajada de Venezuela en México por encubrir vuelos del narcotráfico con protección diplomática
La Justicia de Estados Unidos reveló un esquema que compromete directamente a la embajada de Venezuela en México en la facilitación de vuelos privados del narcotráfico bajo cobertura diplomática, una acusación que eleva el alcance del caso contra Nicolás Maduro y coloca a territorio mexicano como pieza clave en la ruta financiera del crimen organizado internacional. El señalamiento forma parte de un documento judicial que detalla prácticas sistemáticas de encubrimiento y uso de recursos estatales.
El expediente sostiene que Nicolás Maduro habría utilizado su posición como canciller venezolano para garantizar el retorno de ganancias del tráfico de cocaína desde México hacia Venezuela, amparado en la inmunidad diplomática. La estrategia descrita incluye la activación de misiones diplomáticas ficticias para evitar cualquier revisión por parte de autoridades civiles o militares durante vuelos privados.
El mecanismo operativo descrito por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York apunta a un patrón reiterado entre 2006 y 2008, periodo en el que Maduro presuntamente vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que sabía vinculadas al narcotráfico. Con esos documentos, los operadores podían mover dinero ilícito a través de aeropuertos internacionales sin levantar sospechas, aprovechando la protección oficial.
La embajada de Venezuela en México aparece como un eslabón central de ese engranaje. Según el documento, Maduro llamaba directamente a la sede diplomática para anunciar la llegada de una supuesta misión oficial en avión privado. Mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador bajo ese pretexto, la aeronave era cargada con dinero proveniente del tráfico de drogas para su posterior traslado a Venezuela.
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Las acusaciones no se limitan al movimiento de capitales. La Justicia estadounidense sostiene que altos funcionarios venezolanos, encabezados por Maduro, facilitaron durante años el envío de toneladas de cocaína en alianza con Los Zetas, hoy identificados como el Cártel del Noreste. La protección incluía logística, seguridad y la neutralización de cualquier intento de interdicción.
El documento judicial describe una estructura de corrupción profundamente arraigada en el aparato estatal venezolano, con participación de militares, políticos y operadores logísticos. Este entramado habría transformado a Venezuela en una de las principales plataformas del narcotráfico a escala global, mediante el uso institucionalizado de recursos públicos para beneficiar a organizaciones criminales.
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La red señalada por la Fiscalía se extiende más allá de un solo grupo criminal. Desde 1999, líderes venezolanos habrían colaborado con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, conformando una estructura multinacional con presencia en México, Colombia, Centroamérica y Estados Unidos, lo que refuerza la dimensión transnacional del caso.
El escrito también menciona vínculos directos de Maduro con figuras clave del poder venezolano, entre ellas Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra. La acusación subraya que los beneficios del narcotráfico fluían desde bases militares y policiales hasta las cúpulas del régimen, enriqueciendo a círculos familiares y aliados cercanos.
El esquema descrito incluye el pago sistemático de sobornos como mecanismo de control. Cuando un cargamento era interceptado, la respuesta no era una investigación, sino la entrega de millones de dólares a cambio de silencio, una práctica que, según la Justicia de EEUU, consolidó un sistema de impunidad sostenido por la violencia y la corrupción.
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Noticias: carolina.solis@cps.media
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