Exigen empresarios turísticos transparencia sobre el cobro a cruceristas en Quintana Roo

Coparmex Chetumal afirma haber sido excluida del comité, pese a solicitudes formales y promesas previas de participación
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La falta de claridad en el manejo del cobro de cinco dólares a cada crucerista que desembarca en Quintana Roo ha encendido las alarmas entre el sector empresarial del estado, que acusa al gobierno de mantener en la opacidad un recurso que debería destinarse a proyectos turísticos verificables. Para organizaciones como Coparmex, el problema dejó de ser una inquietud administrativa y se ha convertido en un tema de confianza pública.

El reclamo principal radica en que, pese a tratarse de un ingreso generado directamente por la actividad turística, no existe información oficial sobre el destino del dinero recaudado ni sobre las reglas que rigen el fideicomiso encargado de administrarlo. Según la dirigencia de Coparmex Chetumal, desde febrero se solicitó de manera formal integrar a la iniciativa privada en ese comité, promesa que —aseguran— las propias autoridades habían hecho al anunciar el nuevo cobro.

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Esa solicitud, sin embargo, fue frenada por el gobierno estatal bajo el argumento de que la información es “reservada”, lo que ha levantado dudas en un sector que exige criterios mínimos de transparencia. La negativa a compartir datos básicos, incluida la integración del comité y las reglas de operación, ha sido interpretada como un retroceso frente a los intentos de involucrar a la ciudadanía y a las empresas en la fiscalización del recurso.

Para Coparmex, la preocupación no es nueva. La organización recuerda que una situación similar ocurrió cuando pidieron integrarse al fideicomiso de promoción turística, donde también buscaron aportar vigilancia y claridad sin obtener respuestas precisas. En este nuevo caso, la inquietud crece porque la recaudación proviene de un flujo constante y medible: cada turista que llega en un crucero genera un ingreso específico cuya administración debería ser pública.

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Aunque la dirigencia empresarial ha evitado clasificar el episodio como un caso de corrupción, señala que la falta de información impide saber si el dinero se utiliza de manera adecuada o si apenas se acumula sin un plan de ejecución. Por ello, insisten en la urgencia de mesas de trabajo, acceso a documentos y publicación de los montos recaudados hasta la fecha, así como la lista de proyectos beneficiados.

En medio del debate, el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, reveló recientemente que el estado ya cuenta con un fondo de contingencia de 140 millones de pesos, equivalente al 30 % de la recaudación del impuesto. Sin embargo, esa cifra, lejos de resolver el cuestionamiento empresarial, ha aumentado la necesidad de conocer el total de ingresos, su ritmo de crecimiento y el destino del resto del recurso.

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Por ahora, la incógnita sigue sin resolverse. El cobro de cinco dólares por crucerista continúa activo, pero sin una explicación clara del uso final del dinero, alimentando un clima de desconfianza y presionando al gobierno estatal a abrir, al menos, una parte de la información que mantiene bajo llave.

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