FGR revoca “perdón” a Rocha Cantú y pide su captura por crimen organizado

FOTO: MSN
La Fiscalía General de la República (FGR) revirtió decisivamente el beneficio procesal que había concedido Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario del certamen Miss Universo, anulando su estatus de “testigo colaborador” y solicitando una nueva orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada. La medida marca un giro en la investigación que había generado polémica pública en semanas recientes.
El nuevo impulso de la FGR se sustenta en la revisión de la conducta de Rocha durante la investigación: autoridades federales señalan que el empresario no cumplió con comparecencias clave, incluyendo citatorios para ofrecer datos adicionales que hubieran fortalecido el caso contra presuntos integrantes de la red criminal. Su ausencia habría debilitado el argumento central para mantener el beneficio legal que originalmente le fue otorgado.
Un juez federal del Centro de Justicia Penal en Querétaro emitió la orden de aprehensión solicitada por la FGR, bajo la hipótesis de que Rocha Cantú fungió como líder de una organización dedicada al tráfico de armas e hidrocarburos robados, delitos que, de acreditarse, ameritan prisión preventiva oficiosa. El llamado de la Fiscalía se da en un contexto de endurecimiento de políticas contra el huachicol y otros crímenes federales.
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La decisión de revocar el criterio de oportunidad llega apenas días después de que Rocha Cantú anunciara el traslado temporal de operaciones de su organización a Nueva York, alegando “incertidumbre jurídica” y “ataques infundados”, una estrategia interpretada por algunos analistas como respuesta a la presión legal creciente en México.
Este cambio de rumbo ocurre tras la salida reciente de Alejandro Gertz Manero de la FGR, quien en su última fase al frente de la Fiscalía había autorizado el beneficio de testigo colaborador para el empresario, desactivando una orden de captura previa. Esa acción generó cuestionamientos públicos sobre la línea de trabajo de la institución y motivó una revisión por parte de la nueva administración encabezada por Ernestina Godoy.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que corresponde a la FGR ofrecer información detallada sobre esta decisión, lo que pone de manifiesto la tensión entre los poderes Ejecutivo y la Fiscalía en torno a casos de alto perfil relacionados con crimen organizado y la aplicación de mecanismos procesales excepcionales.
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En términos generales, este episodio subraya las complejidades y desafíos del sistema de justicia penal mexicano cuando se trata de casos que involucran a figuras empresariales de alto perfil y delitos graves como el huachicol, donde la veeduría pública y las decisiones judiciales deben equilibrar eficiencia, legalidad y transparencia institucional.
El cambio radical en la situación jurídica de Rocha Cantú evidencia la fragilidad de los criterios de oportunidad cuando no se cumplen plenamente los requisitos establecidos por la ley, especialmente en investigaciones que involucran redes criminales transnacionales y delitos con alto impacto social.
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