Entre “paz narca” y cifras maquilladas, la violencia estatal desmiente la baja de homicidios del Gobierno

La reducción de 26 por ciento en homicidios reportada por el Gobierno federal durante el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un fuerte cuestionamiento desde el análisis de campo, al contrastarse con una violencia que no desaparece, sino que se reconfigura y se desplaza territorialmente bajo lógicas ajenas a la acción institucional.

El especialista en seguridad David Saucedo advierte que la narrativa oficial no necesariamente refleja una pacificación real, sino una combinación de treguas criminales, ajustes metodológicos en el registro de delitos y una fragmentación interna en el aparato de seguridad que limita la capacidad de respuesta del Estado.

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El comportamiento de la violencia a nivel estatal refuerza esta lectura crítica, pues pese a los anuncios de despliegues y planes específicos, los hechos indican que la agresión criminal persiste o incluso se intensifica en zonas clave, con Sinaloa como el foco rojo más alarmante por el incremento de homicidios dolosos y confrontaciones entre grupos.

Los llamados planes estatales de seguridad también quedan en entredicho, al operar como intervenciones parciales que omiten corredores estratégicos, como ocurre en Michoacán, donde el esquema se concentra en Morelia y Uruapan, dejando fuera puntos neurálgicos como el puerto de Lázaro Cárdenas.

En Zacatecas, la aparente reducción de la violencia responde, según el análisis, a una “paz narca” pactada entre células de Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, un acuerdo territorial que disminuye los enfrentamientos sin que medie una acción efectiva de la autoridad.

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El fenómeno se extiende hacia estados que durante años fueron considerados santuarios de baja incidencia, como Campeche, que registra un alza cercana al 60 por ciento en homicidios, así como Quintana Roo, Yucatán y Querétaro, donde las disputas por el control del narcomenudeo ya generan eventos de alto impacto.

A este panorama se suma el señalamiento de un posible maquillaje estadístico, donde ejecuciones vinculadas al crimen organizado son clasificadas como homicidios culposos, mientras colectivos de búsqueda reportan menos hallazgos no por la ausencia de muertes, sino por el uso intensivo de narcofosas.

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El análisis también expone una fractura interna en el Gabinete de Seguridad, con un ala civil encabezada por el secretario Omar García Harfuch, que busca reconstruir capacidades de inteligencia policial, y un ala militar liderada por el general Ricardo Trevilla, que enfrenta recortes presupuestales tras el cierre de obras estratégicas del sexenio anterior.

Esta falta de cohesión ocurre en un momento crítico, marcado por guerras activas entre cárteles, presión internacional por la producción de fentanilo y un repunte de la violencia política, donde grupos criminales asesinan autoridades locales para controlar corporaciones de seguridad municipal.

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