Marco Rubio asegura que Maduro fue arrestado para ser juzgado en Estados Unidos

La versión de que Nicolás Maduro fue arrestado con fines judiciales en Estados Unidos añadió un nuevo y delicado capítulo a la crisis venezolana, luego de que un senador republicano afirmara que la operación militar reportada tuvo como objetivo ejecutar una orden de captura y proteger al personal estadounidense involucrado.

El señalamiento provino del senador por Utah, Mike Lee, quien aseguró haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, y sostuvo que Maduro fue detenido por autoridades estadounidenses para enfrentar cargos penales en territorio de ese país, una afirmación que eleva el conflicto del plano político al estrictamente judicial.

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Según el legislador, la acción militar registrada durante la noche habría estado directamente vinculada con la protección de quienes ejecutaban la orden de arresto, una explicación que busca justificar el uso de fuerza en un contexto donde no existe una declaración formal de guerra ni una autorización explícita del Congreso.

Lee argumentó que la operación podría ampararse en las facultades inherentes del presidente de Estados Unidos bajo el Artículo II de la Constitución, el cual permite al Ejecutivo actuar para proteger a ciudadanos y personal estadounidense ante amenazas reales o inminentes.

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La postura del senador contrasta con sus propias declaraciones previas, cuando horas antes expresó dudas públicas sobre la constitucionalidad del ataque, al cuestionar qué fundamentos legales podrían sostener una acción militar sin el aval del Congreso, reflejando las tensiones internas que el episodio ha generado incluso dentro del Partido Republicano.

El planteamiento de un arresto con fines judiciales reconfigura la narrativa difundida hasta ahora, ya que no solo implica una operación de seguridad, sino una intervención directa en la detención de un jefe de Estado extranjero para ser procesado bajo el sistema legal estadounidense.

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Este giro abre interrogantes sobre el alcance del derecho internacional, la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos y las posibles reacciones diplomáticas de gobiernos que ya han cuestionado cualquier acción militar contra Venezuela como una violación a su soberanía.

La ausencia de una confirmación oficial detallada por parte del Departamento de Estado o de la Casa Blanca mantiene el escenario en la ambigüedad, mientras las declaraciones de legisladores y funcionarios elevan la presión para que Washington explique con claridad el fundamento legal y político de sus acciones.

El caso coloca a Estados Unidos ante un escrutinio internacional inédito, al mezclar acusaciones penales, uso de fuerza militar y decisiones ejecutivas que podrían redefinir los límites de la intervención estadounidense en América Latina.

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