PAN denuncia a hijo de AMLO por descarrilamiento del Tren Interoceánico y exige investigación por homicidio culposo

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca escaló al terreno penal y político, luego de que diputados del PAN presentaran denuncias formales contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien señalan por presunta responsabilidad en una tragedia que dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.

La acusación fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República y apunta a un entramado de decisiones, omisiones y posibles actos de corrupción relacionados con la construcción y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Los legisladores sostienen que López Beltrán tuvo un papel relevante en el proyecto, al haber sido presentado públicamente como asesor honorífico y supervisor del mismo.

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La denuncia no se limita a una sola persona. En el documento también se señala a funcionarios y empresarios vinculados al proyecto, incluidos mandos de la Secretaría de Marina, exfuncionarios y operadores privados, a quienes se les atribuyen presuntos delitos que van desde ejercicio ilícito del servicio público y tráfico de influencias, hasta homicidio culposo y lesiones por omisión de deberes.

El eje central de la acusación es que el accidente no fue fortuito. El PAN argumenta que la falta de mantenimiento adecuado, la adquisición de trenes en condiciones deficientes y la desatención de observaciones previas de auditoría sobre la seguridad de las vías generaron un entorno de riesgo que terminó por materializarse en la tragedia.

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Desde la tribuna política, los diputados panistas advirtieron que no permitirán que el caso se cierre con explicaciones simplistas. Exigieron que la FGR investigue a fondo, incluyendo al grupo de marinos que operaba el tren al momento del descarrilamiento, y rechazaron que se pretenda atribuir el hecho únicamente a un supuesto error humano.

La ofensiva del PAN también se trasladó al ámbito administrativo. De manera paralela a la denuncia penal, los legisladores promovieron procedimientos ante la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de que se practiquen auditorías especiales, exhaustivas e integrales sobre el uso de recursos públicos en el proyecto.

En el desglose presentado por la bancada se advierte que existen al menos 71.5 millones de pesos pendientes por aclarar en el periodo 2019-2024, según revisiones de la Cuenta Pública. Los montos más altos corresponden a los ejercicios de 2020 y 2023, mientras que para 2025 se señalan subejercicios relevantes en rubros clave como desarrollo regional y operación de cuerpos de seguridad.

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Los legisladores sostienen que estos subejercicios reflejan ineficiencia, falta de planeación o incluso posibles desvíos de recursos, particularmente en un proyecto que, pese a su carácter estratégico, sufrió recortes presupuestales drásticos. Para 2026 se había aprobado una bolsa superior a 25 mil millones de pesos, misma que fue reducida posteriormente a menos de 4 mil millones.

Para el PAN, el caso del Tren Interoceánico se ha convertido en un símbolo de los riesgos de la opacidad y la politización de las obras públicas. La exigencia, insistieron, es que haya verdad, responsabilidades claras y justicia para las víctimas, sin excepciones ni privilegios derivados de apellidos o cercanías con el poder.

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